Empleomanía
El
Estado es un complejo instrumento gestionado por
funcionarios, jerárquicamente organizados desde el rey o
presidente hasta el último ordenanza. Esa estructura
administrativa no ha dejado de asumir competencias y de
crecer en la edad contemporánea. Uno de los puntos
programáticos de los socialismos ha sido el incremento
del empleo público. En los países de socialismo real,
de hecho, casi todos los trabajadores eran funcionarios,
puesto que todos los bienes de producción estaban
nacionalizados.
Los avances técnicos han multiplicado la productividad
de las personas, así se explica que los Bancos reduzcan
empleados mientras multiplican su actividad; tambien
otras muchas empresas como las automovilísticas. No se
puede aceptar, pues, el postulado de que a más
competencias estatales, más funcionarios. Si se eleva el
rendimiento de la burocracia, no hace falta crear nuevos
puestos.
El fracaso teórico y el hundimiento práctico del
socialismo real, después del desplome del telón de
acero en 1989, están imponiendo criterios burocráticos
restrictivos. Por un lado, menos intervencionismo
estatal, y privatizaciones de empresas públicas. Por
otro, mejor formación de los funcionarios y reducción
de su número. Estos han sido los dos puntos
programáticos más destacados del Manifiesto
(10-IV-1999) de los líderes del socialismo alemán y del
inglés, Schröder y Blair. Sin embargo, España va en
sentido contrario a las modernas líneas administrativas
de marcha. El sueño de muchísimos españoles es que un
amigo los coloque en la Administración pública. Y los
partidos políticos usan de sus potestades
discreccionales para «enchufar» a su clientela.
Recientemente se ha hecho público el Informe, elaborado
por J. Oliver, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
limitado al periodo 1985-1999 (actualmente, en las
estadísticas se trata de evitar referencias a los años
anteriores a 1975 para que las tercas cifras no
demuestren la brillantez de la era de Franco y la
mediocridad de la II Restauración).
A finales de 1975, estimamos en unos 900.000 los
funcionarios públicos. Según el Informe Oliver, esa
cifra se había elevado en 1985 a 1.716.000 lo que
equivaldría a duplicar la burocracia en sólo una
década. Pero la carrera ha continuado. En 1999 el total
se ha elevado, de nuevo, hasta alcanzar los 2.223.000
funcionarios. De tan impresionante cifra, el 30%
corresponde a la densa burocracia autonómica que en 1985
era de 260.000 personas y, en 1999, ascendió a 665.000,
lo que equivale a casi triplicarse en sólo catorce
años. Más de medio millón de nuevos funcionarios han
creado las comunidades autónomas desde su invención en
1978.
Entre los incrementos mayores están los de Andalucía,
que ha pasado de 197.000 funcionarios en 1977 a 430.000
en 1999. También Cataluña, que ha pasado de 117.000
funcionarios en 1977 a 239.000 en 1999. ¿Tiene sentido
racional que los contribuyentes hayan de costear este
gigante burocrático del Estado y de los 17 mini-Estados
autonómicos? El Partido Popular, ahora en el Gobierno
con mayoría absoluta, ¿hará suyos los criterios de
austeridad que han asumido los socialistas alemanes y
británicos? Esta duda la disiparán los acontecimientos
próximos.
I. Flores
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