Empleomanía nº 102 Razón Española

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Empleomanía

Por I. Flores

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Empleomanía

El Estado es un complejo instrumento gestionado por funcionarios, jerárquicamente organizados desde el rey o presidente hasta el último ordenanza. Esa estructura administrativa no ha dejado de asumir competencias y de crecer en la edad contemporánea. Uno de los puntos programáticos de los socialismos ha sido el incremento del empleo público. En los países de socialismo real, de hecho, casi todos los trabajadores eran funcionarios, puesto que todos los bienes de producción estaban nacionalizados.

Los avances técnicos han multiplicado la productividad de las personas, así se explica que los Bancos reduzcan empleados mientras multiplican su actividad; tambien otras muchas empresas como las automovilísticas. No se puede aceptar, pues, el postulado de que a más competencias estatales, más funcionarios. Si se eleva el rendimiento de la burocracia, no hace falta crear nuevos puestos.

El fracaso teórico y el hundimiento práctico del socialismo real, después del desplome del telón de acero en 1989, están imponiendo criterios burocráticos restrictivos. Por un lado, menos intervencionismo estatal, y privatizaciones de empresas públicas. Por otro, mejor formación de los funcionarios y reducción de su número. Estos han sido los dos puntos programáticos más destacados del Manifiesto (10-IV-1999) de los líderes del socialismo alemán y del inglés, Schröder y Blair. Sin embargo, España va en sentido contrario a las modernas líneas administrativas de marcha. El sueño de muchísimos españoles es que un amigo los coloque en la Administración pública. Y los partidos políticos usan de sus potestades discreccionales para «enchufar» a su clientela.

Recientemente se ha hecho público el Informe, elaborado por J. Oliver, de la Universidad Autónoma de Barcelona, limitado al periodo 1985-1999 (actualmente, en las estadísticas se trata de evitar referencias a los años anteriores a 1975 para que las tercas cifras no demuestren la brillantez de la era de Franco y la mediocridad de la II Restauración).

A finales de 1975, estimamos en unos 900.000 los funcionarios públicos. Según el Informe Oliver, esa cifra se había elevado en 1985 a 1.716.000 lo que equivaldría a duplicar la burocracia en sólo una década. Pero la carrera ha continuado. En 1999 el total se ha elevado, de nuevo, hasta alcanzar los 2.223.000 funcionarios. De tan impresionante cifra, el 30% corresponde a la densa burocracia autonómica que en 1985 era de 260.000 personas y, en 1999, ascendió a 665.000, lo que equivale a casi triplicarse en sólo catorce años. Más de medio millón de nuevos funcionarios han creado las comunidades autónomas desde su invención en 1978.

Entre los incrementos mayores están los de Andalucía, que ha pasado de 197.000 funcionarios en 1977 a 430.000 en 1999. También Cataluña, que ha pasado de 117.000 funcionarios en 1977 a 239.000 en 1999. ¿Tiene sentido racional que los contribuyentes hayan de costear este gigante burocrático del Estado y de los 17 mini-Estados autonómicos? El Partido Popular, ahora en el Gobierno con mayoría absoluta, ¿hará suyos los criterios de austeridad que han asumido los socialistas alemanes y británicos? Esta duda la disiparán los acontecimientos próximos.



I. Flores



 

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