López Rodó
Durante
casi medio siglo, Laureano López Rodó me honró con una
entrañable e ininterrumpida amistad que me permitió
conocerle y admirarle.
Era, sobre todo, un hombre bueno. En una época de aguda
anemia moral, quizá esto parezca anecdótico; pero para
mí es decisivo. Situado en el eje de tensiones
políticas y ambiciones encontradas, nunca cayó ni en la
corrupción ni en la iniquidad. Ejerció un gran poder
político durante veinte años, y ha muerto pobre. De
convicciones sólidas, no las traicionó jamás. Mantuvo
un constante decoro, que es la concordancia entre lo que
se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y practicó
generosamente la amistad, no siempre correspondida. En un
período de apostasías y travestismos políticos
-franquistas reciclados de partitocráticos, marxistas
reciclados de neoliberales- mantuvo enterizas sus
lealtades: el prólogo al primer volumen de sus Memorias
es el alto testimonio de un hombre de honor. Fue un
varón moralmente ejemplar. Creo que fue el prototipo
ético de gobernante durante la era de Franco.
Su aportación a España es económica y también
jurídica. Concibió los Planes de Desarrollo, y tuve
ocasión de colaborar en la ejecución del segundo y en
la elaboración del tercero. Fue, pues, planificador del
milagro económico español, el que permitió la
realización de nuestra tardía revolución industrial y
de nuestra velocísima convergencia real con Europa (el
nivel del 80 por 100 de la renta per capita europea
alcanzado en 1975 no se ha superado todavía; veinticinco
años perdidos en una tarea capital). Y el milagro
económico fue la condición para la transformación de
una sociedad mayoritariamente proletaria en una sociedad
de clases medias como la actual; y fue también la
condición para implantar el Estado de bienestar con una
Seguridad Social generalizada y, en muchos aspectos, aún
no superada.
Su aportación jurídica fue muy importante. Primero, a
la reforma administrativa con normas como el Decreto-Ley
(20-12-56), que crea la Secretaría General Técnica de
la Presidencia del Gobierno; el Decreto-Ley (25-2-57) de
reorganización de los departamentos ministeriales y
creación de las comisiones delegadas del Gobierno; la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado (15-7-57), calificada de «Carta Magna del
Administrado» por Sánchez Agesta; la Ley de
Procedimiento Administrativo (15-7-58); creación de la
Escuela Nacional de Administración Pública (22-12-58);
el Reglamento del Procedimiento Económico-Administrativo
(26-11-59); la Ley de Régimen Municipal (Carta
Municipal) de Barcelona (20-5-60); la Ley Reguladora del
derecho de Petición (19-12-60); la creación de la
Comisaría del Plan de Desarrollo (26-1-62); la Ley de
Reforma de las Haciendas Municipales (20-12-62); la Ley
Especial para el Municipio de Madrid (11-7-63); la Ley de
Bases del Estatuto de los Funcionarios Civiles del Estado
(15-7-63); la creación del Instituto de Estudios
Económicos y la publicación de la revista
«Documentación económica» (11-9-63), y la Ley de
Bases de los Contratos del Estado (28-12-63).
Luego, su contribución a la institucionalización del
Estado de las Leyes Fundamentales. No participó ni en la
ley de 17 de julio de 1942 que restableció las
tradicionales Cortes orgánicas, ni en la Ley de
Sucesión de 26 de julio de 1947 que instauró la
monarquía; pero sí en la Ley de Principios del
Movimiento de 17 de mayo de 1958, y la Ley Orgánica del
Estado de 10 de enero de 1967. Para estas dos últimas
recabó mi colaboración y reveló este hecho, que yo
mantuve como estrictamente confidencial, en su libro La
larga marcha hacia la Monarquía (1977). Efectivamente,
en la primavera de 1957, Laureano y yo nos reuníamos los
fines de semana en un modesto hotel de El Escorial, y
trabajábamos en la redacción de los proyectos desde la
mañana hasta la noche. Era él quien pasaba los
manuscritos a máquina en una portátil, y quien
custodiaba todos los papeles. Nunca quise retener ninguno
en mi casa, donde no tenía garantías de seguridad. En
un mes llevamos a buen término el encargo que el
almirante Carrero Blanco le había hecho. La Ley de
Principios se promulgó pronto, y la exposición de
motivos que yo había redactado la incorporó, sin
cambiar ni una línea, Franco a su discurso de
presentación de la norma ante las Cortes. Le escuché
desde la tribuna pública, no sin la emoción de un
constituyente en la sombra que apenas contaba treinta y
tres años.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica, que en su
redacción definitiva, tras los trámites reglamentarios,
perdió algo de su calidad formal, Laureano se ocupó de
la promulgación de normas de rango menor, después de
que Franco designara a Juan Carlos de Borbón como
sucesor a título de rey.
La institucionalización deEspaña como Reino en 1947 fue
una decisión personal de Franco en la que no creo que
influyera nadie de modo apreciable. La designación de
don Juan Carlos como heredero fue también personalísima
de Franco, si bien el almirante Carrero Blanco, López
Rodó, Antonio María de Oriol y algunos otros, entre los
que me encuentro, contribuimos en diferente medida a que
la designación se efectuara entonces y no más tarde.
Franco, que había sido súbdito de Alfonso XIII y que
había padecido la II República, era monárquico de
corazón. Nadie de su entorno contribuyó a modificar ese
fundamental sentimiento. Lo que Franco meditó largo
tiempo fue la elección del sucesor de sangre real (un
«mito», según Ricardo de la Cierva). Jamás pensó en
alguien que no fuera de la dinastía alfonsina; pero
sólo al final se decidió por don Juan Carlos como
consecuencia de la versatilidad y de las últimas
actitudes del Conde de Barcelona y de sus imprudentes
consejeros, cegados por prejuicios o rencores.
Ni la clase política ni la sociedad española eran
monárquicas. Los falangistas eran republicanos y
carecían de estima hacia los Borbones. Traté mucho a su
intelectual más representativo, Jesús Fueyo, que
acertó en muchas de sus pesimistas predicciones respecto
a la monarquía instaurada. Los tradicionalistas estaban
divididos, y los más estrictos rechazaban a la rama
isabelina. Los democristianos eran indiferentes en
materia de formas de gobierno. Los herederos del vencido
Frente Popular eran republicanos. Ni la cúpula militar,
ni la eclesiástica, ni la financiera eran monárquicas.
Hay Corona por la pura voluntad de Franco. En mi
frecuente trato con él, durante los cuatro años en que
formé parte de su Gobierno, comprobé que su monarquismo
no era doctrinal, sino sentimental.la única decisión
importante de Franco en la que prevalecieron impulsos
emotivos sobre la mera razón práctica fue la relativa a
su sucesión.
Franco encontraba dificultades para configurar Gobiernos
juancarlistas; ni siquiera lo consiguió plenamente en
los tres últimos. López Rodó no regateó esfuerzos
para atraer hacia el juancarlismo a miembros de la clase
política. Recuerdo, entre otras, las reuniones con
Federico Silva, que manifestaba dudas, sobre todo,
después de las aún inéditas revelaciones que le había
hecho Jacobo Cano, alto funcionario de La Zarzuela. en la
reunión definitiva, en mi presencia, Silva aceptó la
garantía de Laureano: «Te aseguro que el Príncipe
jamás tomará una decisión importante contra mi
consejo.» Creo que estaba convencido de su aseveración.
Sus previsiones, como las mías y las de tantos otros,
fueron desmentidas por los acontecimientos. Los diez
años compostelanos de Laureano no le contagiaron nada de
la desconfianza galaica. Su maravillosa buena fe y su
ánimo idealista pecaban, a veces, por exceso.
En 1969 declaró: «Después de Franco las Leyes
Fundamentales que él ha promulgado.»
La monarquía que López rodó consideraba adecuada a la
circunstancia española era, sin duda, la de su Ley
Orgánica en donde el rey tenía facultades gubernativas,
aunque equilibradas por otras instituciones, según
criterios tradicionales. Por eso, presentó numerosas
enmiendas a la república coronada del proyecto
constitucional en 1978. Algunas de ellas tendían a dotar
al monarca de cierto poder, como la disolución de las
cámaras asesorado por un Consejo del Reino. Se quedó
solo en tal pretensión. No le apoyaron los socialistas,
que por boca de su diputado Gómez Llorente, se
declararon republicanos en la Comisión Constitucional de
la que formé parte. Tampoco le apoyaron ni los
nacionalistas, ni los ucedistas. A mí, como a Federico
Silva y a otros diputados del grupo Popular, nos pidió
respaldo, y no se lo dimos. ¿Por qué? Puedo reconstruir
mi explicación. Le dije: «El rey es el motor del cambio
constitucional. Para llevarlo a cabo ha destituido a
Carlos Arias y ha nombrado a Adolfo Suárez, que es el
principal inspirador y muñidor del proyecto. Nombró a
Torcuato Fernández-Miranda para derogar las Leyes
Fundamentales desde la mera legalidad formal. Nombró al
general gutiérrez Mellado, quizá el más detestado por
las Fuerzas Armadas, para asegurar el mutismo militar.
¿Por qué vamos a contrariar la voluntad regia de ser
reducido a una institución simbólica, casi suntuaria?,
¿por qué otorgar poderes a quien ha empleado los
amplios que tenía en quedarse sin ninguno?»
Inútilmente insistió en sus enmiendas hasta el fin,
quizá para no asistir a la total desustanciación de la
monarquía por la que había luchado. Muchas veces
asistí a su debate interior cuando la II Restauración
le condenó al ostracismo, entre otras causas, porque
«tenía plomo franquista en las alas». Y siempre se
refugiaba en un futurible inverificable: «Cualquier otra
cosa hubiera sido peor». Sostienen muchos teólogos que
los futuribles ni siquiera los conoce Dios. La mente
humana no puede abordar lógicamente un futurible como
ese al que se aferraba Laureano, y que no me convencía,
ni siquiera me tranquilizaba.
López Rodó hizo un gran esfuerzo académico para
argumentar su negativa opinión sobre el Reino
autonómico impuesto por la Constitución de 1978. Su
más importante libro doctrinal -los otros más adversos
son de historia- fue el titulado Las autonomías,
encrucijada de España (1980), ahora silenciado por sus
necrologistas, y que es el más adverso análisis
jurídico que se ha formulado contra el título VIII de
la Constitución de 1978. A esta obra le siguió una
larga glosa, también en forma de libro, Estado y
comunidades autónomas (1984), no menos crítica que la
anterior. Y, finalmente, el trabajo Ambigüedades y
silencios de la Constitución (1988), demoledor.
Todas las grandes leyes promovidas por López Rodó han
sido derogadas.
La gratitud no es la virtud característica ni de los
reyes, ni de los pueblos. No se retiró de la vida
pública como se ha escrito; fue expulsado de ella
(desmontado de la candidatura de Barcelona para
sustituirlo por un histrión cuya nota distintiva era
haber exhibido sus glúteos en televisión). Durante los
últimos veinte años de su vida, López Rodó ha sido un
exiliado político en el interior. Ha tenido que morirse
para que, con regateos a veces ruines, se le reconociera
algún mérito. Los que antes, después y ahora hemos
proclamado su ejemplaridad y su entrega al servicio
público, tendríamos que promover un bronce en una plaza
de su amada España.
La Historia hará justicia a López Rodó y a la
brillante era de la que fue destacado protagonista. La
mezquindad y las ficciones pasan, la grandeza y las
realidades no.
Gonzalo Fernández de la Mora
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