López Rodó

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López Rodó

Por Gonzalo Fernández de la Mora

La declaración católica luterana indice Prólogo a mis memorias

López Rodó

Durante casi medio siglo, Laureano López Rodó me honró con una entrañable e ininterrumpida amistad que me permitió conocerle y admirarle.

Era, sobre todo, un hombre bueno. En una época de aguda anemia moral, quizá esto parezca anecdótico; pero para mí es decisivo. Situado en el eje de tensiones políticas y ambiciones encontradas, nunca cayó ni en la corrupción ni en la iniquidad. Ejerció un gran poder político durante veinte años, y ha muerto pobre. De convicciones sólidas, no las traicionó jamás. Mantuvo un constante decoro, que es la concordancia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y practicó generosamente la amistad, no siempre correspondida. En un período de apostasías y travestismos políticos -franquistas reciclados de partitocráticos, marxistas reciclados de neoliberales- mantuvo enterizas sus lealtades: el prólogo al primer volumen de sus Memorias es el alto testimonio de un hombre de honor. Fue un varón moralmente ejemplar. Creo que fue el prototipo ético de gobernante durante la era de Franco.

Su aportación a España es económica y también jurídica. Concibió los Planes de Desarrollo, y tuve ocasión de colaborar en la ejecución del segundo y en la elaboración del tercero. Fue, pues, planificador del milagro económico español, el que permitió la realización de nuestra tardía revolución industrial y de nuestra velocísima convergencia real con Europa (el nivel del 80 por 100 de la renta per capita europea alcanzado en 1975 no se ha superado todavía; veinticinco años perdidos en una tarea capital). Y el milagro económico fue la condición para la transformación de una sociedad mayoritariamente proletaria en una sociedad de clases medias como la actual; y fue también la condición para implantar el Estado de bienestar con una Seguridad Social generalizada y, en muchos aspectos, aún no superada.

Su aportación jurídica fue muy importante. Primero, a la reforma administrativa con normas como el Decreto-Ley (20-12-56), que crea la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno; el Decreto-Ley (25-2-57) de reorganización de los departamentos ministeriales y creación de las comisiones delegadas del Gobierno; la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (15-7-57), calificada de «Carta Magna del Administrado» por Sánchez Agesta; la Ley de Procedimiento Administrativo (15-7-58); creación de la Escuela Nacional de Administración Pública (22-12-58); el Reglamento del Procedimiento Económico-Administrativo (26-11-59); la Ley de Régimen Municipal (Carta Municipal) de Barcelona (20-5-60); la Ley Reguladora del derecho de Petición (19-12-60); la creación de la Comisaría del Plan de Desarrollo (26-1-62); la Ley de Reforma de las Haciendas Municipales (20-12-62); la Ley Especial para el Municipio de Madrid (11-7-63); la Ley de Bases del Estatuto de los Funcionarios Civiles del Estado (15-7-63); la creación del Instituto de Estudios Económicos y la publicación de la revista «Documentación económica» (11-9-63), y la Ley de Bases de los Contratos del Estado (28-12-63).

Luego, su contribución a la institucionalización del Estado de las Leyes Fundamentales. No participó ni en la ley de 17 de julio de 1942 que restableció las tradicionales Cortes orgánicas, ni en la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947 que instauró la monarquía; pero sí en la Ley de Principios del Movimiento de 17 de mayo de 1958, y la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Para estas dos últimas recabó mi colaboración y reveló este hecho, que yo mantuve como estrictamente confidencial, en su libro La larga marcha hacia la Monarquía (1977). Efectivamente, en la primavera de 1957, Laureano y yo nos reuníamos los fines de semana en un modesto hotel de El Escorial, y trabajábamos en la redacción de los proyectos desde la mañana hasta la noche. Era él quien pasaba los manuscritos a máquina en una portátil, y quien custodiaba todos los papeles. Nunca quise retener ninguno en mi casa, donde no tenía garantías de seguridad. En un mes llevamos a buen término el encargo que el almirante Carrero Blanco le había hecho. La Ley de Principios se promulgó pronto, y la exposición de motivos que yo había redactado la incorporó, sin cambiar ni una línea, Franco a su discurso de presentación de la norma ante las Cortes. Le escuché desde la tribuna pública, no sin la emoción de un constituyente en la sombra que apenas contaba treinta y tres años.

Desde la promulgación de la Ley Orgánica, que en su redacción definitiva, tras los trámites reglamentarios, perdió algo de su calidad formal, Laureano se ocupó de la promulgación de normas de rango menor, después de que Franco designara a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey.

La institucionalización deEspaña como Reino en 1947 fue una decisión personal de Franco en la que no creo que influyera nadie de modo apreciable. La designación de don Juan Carlos como heredero fue también personalísima de Franco, si bien el almirante Carrero Blanco, López Rodó, Antonio María de Oriol y algunos otros, entre los que me encuentro, contribuimos en diferente medida a que la designación se efectuara entonces y no más tarde.

Franco, que había sido súbdito de Alfonso XIII y que había padecido la II República, era monárquico de corazón. Nadie de su entorno contribuyó a modificar ese fundamental sentimiento. Lo que Franco meditó largo tiempo fue la elección del sucesor de sangre real (un «mito», según Ricardo de la Cierva). Jamás pensó en alguien que no fuera de la dinastía alfonsina; pero sólo al final se decidió por don Juan Carlos como consecuencia de la versatilidad y de las últimas actitudes del Conde de Barcelona y de sus imprudentes consejeros, cegados por prejuicios o rencores.

Ni la clase política ni la sociedad española eran monárquicas. Los falangistas eran republicanos y carecían de estima hacia los Borbones. Traté mucho a su intelectual más representativo, Jesús Fueyo, que acertó en muchas de sus pesimistas predicciones respecto a la monarquía instaurada. Los tradicionalistas estaban divididos, y los más estrictos rechazaban a la rama isabelina. Los democristianos eran indiferentes en materia de formas de gobierno. Los herederos del vencido Frente Popular eran republicanos. Ni la cúpula militar, ni la eclesiástica, ni la financiera eran monárquicas. Hay Corona por la pura voluntad de Franco. En mi frecuente trato con él, durante los cuatro años en que formé parte de su Gobierno, comprobé que su monarquismo no era doctrinal, sino sentimental.la única decisión importante de Franco en la que prevalecieron impulsos emotivos sobre la mera razón práctica fue la relativa a su sucesión.

Franco encontraba dificultades para configurar Gobiernos juancarlistas; ni siquiera lo consiguió plenamente en los tres últimos. López Rodó no regateó esfuerzos para atraer hacia el juancarlismo a miembros de la clase política. Recuerdo, entre otras, las reuniones con Federico Silva, que manifestaba dudas, sobre todo, después de las aún inéditas revelaciones que le había hecho Jacobo Cano, alto funcionario de La Zarzuela. en la reunión definitiva, en mi presencia, Silva aceptó la garantía de Laureano: «Te aseguro que el Príncipe jamás tomará una decisión importante contra mi consejo.» Creo que estaba convencido de su aseveración. Sus previsiones, como las mías y las de tantos otros, fueron desmentidas por los acontecimientos. Los diez años compostelanos de Laureano no le contagiaron nada de la desconfianza galaica. Su maravillosa buena fe y su ánimo idealista pecaban, a veces, por exceso.

En 1969 declaró: «Después de Franco las Leyes Fundamentales que él ha promulgado.»

La monarquía que López rodó consideraba adecuada a la circunstancia española era, sin duda, la de su Ley Orgánica en donde el rey tenía facultades gubernativas, aunque equilibradas por otras instituciones, según criterios tradicionales. Por eso, presentó numerosas enmiendas a la república coronada del proyecto constitucional en 1978. Algunas de ellas tendían a dotar al monarca de cierto poder, como la disolución de las cámaras asesorado por un Consejo del Reino. Se quedó solo en tal pretensión. No le apoyaron los socialistas, que por boca de su diputado Gómez Llorente, se declararon republicanos en la Comisión Constitucional de la que formé parte. Tampoco le apoyaron ni los nacionalistas, ni los ucedistas. A mí, como a Federico Silva y a otros diputados del grupo Popular, nos pidió respaldo, y no se lo dimos. ¿Por qué? Puedo reconstruir mi explicación. Le dije: «El rey es el motor del cambio constitucional. Para llevarlo a cabo ha destituido a Carlos Arias y ha nombrado a Adolfo Suárez, que es el principal inspirador y muñidor del proyecto. Nombró a Torcuato Fernández-Miranda para derogar las Leyes Fundamentales desde la mera legalidad formal. Nombró al general gutiérrez Mellado, quizá el más detestado por las Fuerzas Armadas, para asegurar el mutismo militar. ¿Por qué vamos a contrariar la voluntad regia de ser reducido a una institución simbólica, casi suntuaria?, ¿por qué otorgar poderes a quien ha empleado los amplios que tenía en quedarse sin ninguno?» Inútilmente insistió en sus enmiendas hasta el fin, quizá para no asistir a la total desustanciación de la monarquía por la que había luchado. Muchas veces asistí a su debate interior cuando la II Restauración le condenó al ostracismo, entre otras causas, porque «tenía plomo franquista en las alas». Y siempre se refugiaba en un futurible inverificable: «Cualquier otra cosa hubiera sido peor». Sostienen muchos teólogos que los futuribles ni siquiera los conoce Dios. La mente humana no puede abordar lógicamente un futurible como ese al que se aferraba Laureano, y que no me convencía, ni siquiera me tranquilizaba.

López Rodó hizo un gran esfuerzo académico para argumentar su negativa opinión sobre el Reino autonómico impuesto por la Constitución de 1978. Su más importante libro doctrinal -los otros más adversos son de historia- fue el titulado Las autonomías, encrucijada de España (1980), ahora silenciado por sus necrologistas, y que es el más adverso análisis jurídico que se ha formulado contra el título VIII de la Constitución de 1978. A esta obra le siguió una larga glosa, también en forma de libro, Estado y comunidades autónomas (1984), no menos crítica que la anterior. Y, finalmente, el trabajo Ambigüedades y silencios de la Constitución (1988), demoledor.

Todas las grandes leyes promovidas por López Rodó han sido derogadas.

La gratitud no es la virtud característica ni de los reyes, ni de los pueblos. No se retiró de la vida pública como se ha escrito; fue expulsado de ella (desmontado de la candidatura de Barcelona para sustituirlo por un histrión cuya nota distintiva era haber exhibido sus glúteos en televisión). Durante los últimos veinte años de su vida, López Rodó ha sido un exiliado político en el interior. Ha tenido que morirse para que, con regateos a veces ruines, se le reconociera algún mérito. Los que antes, después y ahora hemos proclamado su ejemplaridad y su entrega al servicio público, tendríamos que promover un bronce en una plaza de su amada España.

La Historia hará justicia a López Rodó y a la brillante era de la que fue destacado protagonista. La mezquindad y las ficciones pasan, la grandeza y las realidades no.



Gonzalo Fernández de la Mora



 

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