Prologo a mis
memorias
El
servicio a la sociedad y al Estado es -y ha sido- nota
dominante de mi actividad. Desde 1945 ejercí la
docencia: primero en la Universidad Compostelana y luego
en la Complutense. A partir de 1956 durante veintitrés
años, ocupé diferentes cargos en la vida política
española: fui secretario general técnico de la
Presidencia, subsecretario, ministro, embajador y
diputado por Barcelona en las Cortes que elaboraron la
Constitución de 1978. Desde esta fecha ejerzo como
abogado, que es otra manera de servir a la sociedad, y
sigo dedicado a la enseñanza como profesor emérito.
Aquella idea de servicio, entendida como un deber,
explica el porqué de mi actuación en la vida pública,
que persiguió dos objetivos principales: la
construcción de un Estado de Derecho monárquico, y el
desarrollo económico de España.
Para la consecución del primero actué decisivamente en
la elaboración de una serie de leyes relativas al
Gobierno y a la Administración y a las garantías
jurídicas de los ciudadanos, cuyo mejor aval es que
siguen vigentes después de la transición política, al
propio tiempo que, en colaboración con Gonzalo
Fernández de la Mora, redactaba unos proyectos de leyes
constitucionales que culminaron con la Ley Orgánica del
Estado. Más tarde, intervine en la elaboración de las
normas que completaron la regulación sucesoria del
General Franco, cuya oportunidad, eficacia y perfecto
funcionamiento ha demostrado, de modo inapelable, la
pacífica restauración de la Monarquía en la persona de
don Juan Carlos I. Con idéntico propósito, sin
solución de continuidad, participé con enmiendas e
intervenciones orales en el proceso parlamentario de la
Constitución de 1978 y en la redacción del Estatuto de
Cataluña.
En el campo económico, tras el éxito del Plan de
Estabilización de Navarro Rubio y Ullastres, asumí las
tareas de la programación del desarrollo de los años
1964 a 1974. En aquella década, la renta per cápita se
cuadruplicó con creces al pasar de 570 a 2.315 dólares;
España dejó de ser un país agrícola, y en gran medida
proletarizado, para convertirse en una potencia
industrial, con una sociedad mayoritariamente integrada
por clases medias. Este crecimiento económico hizo
posible el pleno empleo y una política social avanzada
en los campos de la enseñanza, la seguridad social y la
vivienda, a la vez que aumentaba considerablemente la
participación de los trabajadores en la renta nacional,
que alcanzó su porcentaje más alto en 1974 con el 60,30
por 100. De las infraestructuras entonces creadas o
mejoradas: carreteras, puertos, ferrocarriles, obras
hidráulicas, aeropuertos, hemos estado viviendo hasta
hoy.
La irrefutable contundencia de los números estadísticos
ofrece, elocuentemente, testimonio de que, lo que con
intención peyorativa algunos denominan ahora
«desarrollismo», fue en realidad la efectiva
«europeización» económica y social de España, tan
ansiada y no realizada por las sucesivas promociones
regeneracionistas anteriores a la época de Franco.
Como ha escrito Giscard d'Estaing, «no hay verdadera
libertad política sin emancipación económica y social;
el desarrollo es el fundamento de la libertad». Creo no
equivocarme si afirmo que el desarrollo económico
español fue la contribución más decisiva que jamás se
había hecho en nuestro país a la política social y a
la creación de una sociedad más dinámica, abierta al
exterior y, por tanto, más apta para incorporarse, con
sus luces y sombras al tempo histórico de los países de
Occidente.
Hay quienes dicen que nuestro crecimiento se hubiera
también producido con otro modelo institucional y sin
programación económica. No deja de ser una conjetura
etérea y gratuita, como todos los futuribles, que está,
por lo demás, en contradicción con los informes del
Banco Mundial de 1962 y de la OCDE de 1963. El hecho
cierto es que aquel Estado y aquellos Planes de
Desarrollo llevaron a cabo la más intensa revolución
económica y social de nuestra Historia. Me parece que,
en su realidad incontrovetible, constituyen el más
rotundo mentís al pronóstico formulado por Azaña en el
Ayuntamiento de Barcelona el 18 de junio de 1938:
«Durante cincuenta años los españoles están
condenados a pobreza estrecha: esto ya no tiene remedio»
Sin menoscabo de la modestia personal, me siento
orgulloso de haber tenido la extraordinaria oportunidad
de ejercer altas responsabilidades públicas en un
período que, gracias a los sacrificios y talentos de
muchos, pienso que ha sido el más fecundo de la historia
contemporánea de España. También me honro de haber
tratado de cerca a tantos gobernantes eficaces y
honestos.
Me encuentro muy lejos de considerarme protagonista
principal y aún más lejos de creer que estuve siempre
acertado. Sé que a lo largo de mi vida política he
cometido errores; pero en modo alguno me avergüenzo de
haber servido a España en el período de la época de
Franco que me tocó vivir y de haber colaborado en la
ingente tarea de restaurar la paz y el Derecho, y de
construir el substrato humano, social y material que
está permitiendo nuestra progresiva homologación
institucional, económica y cultural con Europa y con
todo el mundo libre.
No han faltado incomprensiones que me causaron honda
amargura; quizá la más dolorosa fuera la de quienes, en
nombre del catolicismo, me reprochaban que colaborara con
un régimen que no había restablecido todas las
libertades. Algunos de los contradictores fueron
«colaboracionistas» de una República que persiguió a
la Iglesia. No se lo reprocho; lo harían con buena
intención. Entre los críticos no faltan tampoco quienes
habían ocupado cargos de elevada responsabilidad,
incluso ministeriales, en etapas de la época de Franco
en que las libertades estaban de iure o de facto mucho
más restringidas que en el período durante el cual yo
desempeñé cargos públicos.
Otros me echaban en cara que, robusteciendo la estructura
jurídica, económica y social del Estado se afianzaba la
«dictadura». Al parecer, tales críticos preferían sus
apriorismos ideológicos al bienestar del pueblo español
y optaban por el caos y la miseria generales para hacer
prevalecer su ideología; la historia, desde Espartaco a
Stalin, pasando por Robespierre, ya ha sentenciado
duramente tal método.
He procurado orientar siempre mi actuación con arreglo a
criterios morales y políticos. El primero, la austeridad
en el gasto público y el más terminante rechazo a
cualquier género de corrupción; me atrevo a afirmar que
mis colaboradores dejaron su cargo con patrimonios
similares y, muchas veces, inferiores a los que poseían
antes de acceder a él. En cambio, pienso que en su mayor
parte -y de ello tengo abundantes testimonios- se vieron
compensados por la satisfacción de contribuir con su
trabajo a la promoción social y económica de los
españoles y a eliminar incertidumbres de su futuro
colectivo.
El segundo, no discriminar a los servidores del Estado
por razones ideológicas. Estuve siempre abierto a todo
género de colaboración valiosa; buscaba la capacidad,
la dedicación y la honradez. El número de personas que
invité a intervenir en la elaboración de los diversos
proyectos de ley y de los Planes de Desarrollo, y la
variedad de sus posteriores trayectorias políticas me
eximen de más pruebas.
Consecuente con lo anterior, propugné siempre el
pluralismo en los esquemas intelectuales y en las
ideologías políticas, tanto en los ámbitos de mi
directa competencia como en el general del Estado. Por
eso me opuse reiteradamente a posturas más o menos
monolíticas. Mi gestión se hizo siempre en diálogo
abierto con los interesados y con los expertos. Estimo
todas las libertades; pero muy singularmente la
intelectual, sin la cual las demás se convierten en pura
manipulación. Y finalmente y por encima de todo, traté
de ser justo y de ser consecuente con mis creencias. Tuve
por guía aquel pensamiento socrático: «El hombre
realmente valiente sabe que hay cosas a las cuales debe
temer más que a la misma muerte: la injusticia, el
incumplimiento del deber, la contradicción consigo
mismo.»
He creído que debía dar testimonio de mi experiencia y
lo hago en un momento personalmente propicio. Los
acontecimientos narrados están ya objetivamente a
suficiente distancia, como lo están en mi ánimo. No
pretendo ajustar ninguna cuenta con nadie; me repugnan
las lanzadas a los muertos. He huido de lo anecdótico,
sobre todo cuando no era positivo para los aludidos. Y
siempre he tratado de apoyarme en observaciones directas,
en fuentes de primera mano y en documentos en gran parte
inéditos. Escribo de lo que vi, de lo que hice y de lo
que me propuse, en suma, de lo que sé a ciencia cierta.
Simplemente, pretendo servir a la Historia, ahora quizá
peor tratada que en otros tiempos, porque creo que es
maestra de la vida de los hombres y, sobre todo, de los
pueblos, como sentenció el clásico.
He ejercido sobre estas Memorias una constante
autocrítica para depurarlas de subjetivismo, aun a
riesgo de renunciar al colorido y al divertimento. Pienso
que los hechos son demasiado serios para juguetear con
ellos. Al relatarlos he tenido presente las juiciosas
palabras que nuestro cimero Cervantes puso en boca del
bachiller Sansón Carrasco: «El poeta puede contar o
cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser;
y el historiador las ha de escribir, no como debían ser,
sino como fueron, sin añadir ni quitar cosa alguna.»
Sin pretensiones de historiador, que no es mi oficio, he
procurado atenerme a tal precepto, no por arduo menos
imperativo.,
Laureano López Rodó
Madrid 1990
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