La Política
Nadie
puede jactarse de haber vaticinado un triunfo tan
absoluto. En los días anteriores al 12 de marzo el
ambiente general era que el Pp triunfaba por una débil
mayoría y que la situación iba a ser poco más o menos
la que se trataba de remediar: 164 escaños se le
adjudicaban al Pp y 160 al Psoe, y dependencia de Ciu y,
en definitiva esterilización de los planes de gobierno
genuinos del Pp.
Lo que se vino encima: 183 escaños al Pp y 125 al Psoe.
No lo habían previsto tampoco las empresas de sondeos
que, según explicaron después, valoraron en exceso el
voto oculto del Psoe (sus responsables dicen que no
fracasaron las encuestas como en 1996, y que acertaron en
las tendencias). Los expertos creían que los indecisos
del Psoe e Iu decidirían el Gobierno.
Para complicar las cosas, en pleno período electoral
dimitió el ministro de Trabajo, señor Pi-mentel, muy
estimado por su valía personal y capacidad de diálogo.
Abrumado por un problema de conciencia como consecuencia
de la actitud delictiva de uno de sus colaboradores que,
sin embargo, él no había nombrado, sino que provenía
de los tiempos del señor Almunia en Trabajo, decidió
abandonar el Gobierno, lo que hizo de manera irregular.
El 5 de marzo, los más importantes macrosondeos
estimaban que el Pp lograría al menos 164 escaños, pero
la izquierda podría llegar a 160. El Psoe tendría entre
137 y 143. Iu, entre 9 y 11. El Bng entre 3 y 5, y
Ezquerra Republicana, 1. La mayoría volvería a estar
otra vez en manos de Arzallus, Pujol y Coalición
Canaria. (En esta situación, Aznar prometió en Bilbao
no volver a pactar con el Pnv mientras éste siguiera en
el Acuerdo de Estella.)
Iu y Psoe firman su alianza, que da alientos a la
izquierda de obtener una victoria.
Cuando en la tarde-noche del 12 de marzo se proclaman los
resultados y desde el balcón de la calle de Génova
Aznar lanza su «hemos ganado las elecciones», muchos
todavía ignoraban que se trataba de la mayoría
absoluta; que ya no había que mendigar votos prestados a
nadie, que Pujol podía meterse los suyos donde le
cupiesen, los de Coalición Canaría serían un mero
adorno, y los del Pnv al desván. Aznar podía gobernar
solo, lo que parecía un sueño. El triunfo alejaba las
frustraciones de la anterior legislatura para el señor
Aznar. La reacción al triunfo fue tranquila. Un afán de
moderación, de no alar-dear de mayoría absoluta dominó
las emociones de los dirigentes máximos del Pp, asomados
al balcón de su sede principal. El Pp había conseguido
1.525.000 sufragios nuevos, con respecto a 1996. La
alianza Psoe-IU quedó destrozada: casi tres millones de
votantes de 1996 optaron por la abstención, según un
estudio de Sigma2. El Pp se llevó medio millón de votos
de los sectores socialistas.
Del Psoe, Manuel Chaves superó en Sevilla a Felipe
González, que bajó con respecto de los resultados que
logró Guerra como cabeza de lista. Almunia, que
inmediatamente dimitió de su cargo de secretario general
del Psoe, vio su mayor error en no dimitir tras perder
las primarias, y asumió la total responsabilidad del
fracaso electoral socialista.
Felipe González había intervenido en diversos momentos.
En uno de ellos pidió a los votantes que «saquen de la
Moncloa al muñeco diábolico», y atacaba duramente al
Pp por pervertir los juicios, por conceder en este
momento las licencias de telecomunicación. Muy mal
estilo.
La campaña socialista fue débil y pésimamente
orientada. Esta vez no actuó el delirante doberman, pero
sí un vídeo plagado de mal gusto que lo sustituía.
Almunia iba detrás de los acontecimientos y, por
supuesto, de la campaña del Pp. Así, por ejemplo,
pidió al Banco deEspaña que interviniera en el acuerdo
Telefónica-BBVA; utilizó contra el Pp los 2.820
millones que cobraría Villalonga por las stock-options.
Afirmaba que las encuestas adversas eran un acicate y no
dejaba de dirigirse a los pensionistas a los que
prometió una paga extra de 28.000 pesetas. De vez en
vez, enumeraba las prioridades de su programa para
intentar recuperar la iniciativa y afirmaba que acabó el
Gobierno de los pelotazos, acusando siempre a Aznar de
despreciar el consenso antiterrorista.
La derrota socialista tuvo efectos demoledores en el
Psoe. Almunia, repetimos, dimitió inmediatamente y el
Psoe quedó descabezado. Después de infinidad de
gestiones quedó encargado de su reorganización Manuel
Chaves, que había ganado las elecciones en Andalucía,
pero sin mayoría absoluta, pendientes de pactar con Iu o
Pa. El Pp había recortado diferencias con el Psoe y
logró su máximo histórico en Andalucía.
Una «Comisión Política» gobierna el Psoe hasta su
próximo congreso ordinario, que se celebrará en junio.
La preside Chaves y de ella forman parte todas las
«tendencias» socialistas.
El 12 M ha dejado destrozado a Izquierda Unida. Ha
entrado hasta en grave crisis económica, al punto de
obligarse a un despido masivo. La coalición tiene una
deuda de 2.200 millones y dos sedes hipotecadas.
Frutos reconoce el fracaso «sin paliativos» del pacto y
achaca su derrota a la alta abstención y al sistema
electoral que les relega al cuarto lugar en número de
diputados. También atribuye la derrota «a la prudencia
social» del Pp y apuesta por celebrar la Asamblea de IU
en noviembre.
Por lo pronto, además de las medidas económicas
anteriormente anunciadas, reduce el 75 por 100 de los
gastos de la vivienda de Anguita, cerrará el periódico
«Voces» y garantiza a los despedidos que la
indemnización será mayor de 20 días por año.
En Andalucía, Iu revisará sus pactos municipales con el
Psoe para exigir más a la Junta y debería estudiar el
famoso pacto que tanto despreció y desprecia al Psoe.
Ese pacto socialistas-comunistas tuvo difícil gestación
y casi imposible gestión. Perjudicó electoralmente a
ambas organizaciones, sin que, en realidad, se llevase a
efecto, como opinaron los líderes del Psoe. La ejecutiva
afirmó que el pacto con Iu no tenía proyección de
futuro y la gestora decidió por unanimidad que ha
terminado su vigencia.
Iu culpa al Psoe de que el pacto llegase demasiado tarde.
En tanto, Anguita afirma que la unidad es algo más que
un acto puntual. En ningún momento hubo confianza entre
los líderes de ambas organizaciones.
La radicalización ideológica de Iu perjudicó a un Psoe
que llevaba lustros de desideologización, como en
Inglaterra o Alemania.
Aznar llevó personalmente la campaña del Pp, sin dejar
a ningún otro líder de su partido meter cabeza. Llevó
la iniciativa en la campaña con gran fuerza dialéctica,
dosificada con cierta ironía. De vez en cuando
preguntaba a Almunia si tenía alguna idea en la cabeza;
declaraba que los dirigentes del Pnv no son parte de la
solución, sino parte del problema, e insistía en el
desmantelamiento del pacto de Lizarra, porque daba
cobertura a los terroristas. Y cuidaba mucho mucho sus
propuestas fiscales que acercaba a Ciu y a los
empresarios contra las que se alzaba el Psoe e Iu.
En algunas de sus declaraciones llegó a afirmar que el
presidente del Pnv «había perdido el juicio» y
reiteró en diversas ocasiones que no pactaría con el
Pnv si éste continuaba en el Pacto de Estella. En varias
ocasiones pidió al Psoe que dijera si estaba o no con
los que ponen bombas y dirigió su mensaje electoral a
los asalalariados con la propuesta de rebajar el impuesto
de la renta, calificándola de segunda revolución
fiscal.
Su campaña fue buena.
Después de las elecciones, Aznar ha vuelto a sostener
que está dispuesto a ayudar al Gobierno de Ibarretxe si
el Pnv pone fin al pacto de Lizarra. Ha impedido que el
Bloque Nacionalista Gallego tenga grupo parlamentario
propio, en tanto han propiciado, mediante la cesión de
diputados, que Coalición Canaria forme el suyo propio.
El presidente opina que el 12-M supone el fin de los
falsos tópicos sobre la derecha. Y tendió la mano a los
nacionalistas catalanes, lo que ha producido perplejidad
entre los votantes del Pp. ¿Seguirán las concesiones
política y económicas?
Los grandes problemas pendientes son la unidad nacional,
el terrorismo, la descomposición de la justicia, el
fracaso de la educación, la enseñanza de la moral y de
la religión, la descomposición ética de las
televisiones oficiales -y de las otras-, la falta de
candidatos al Ejército profesional, y el gigantismo la
de una burocaracia que se ha triplicado en un cuarto de
siglo. El tiempo dirá si Aznar quiere afrontarlos y
resolverlos. Ahora puede hacerlo solo.
Capítulo de sangre El 22 de febrero, en pleno período
electoral, Eta asesinó en Vitoria al portavoz
parlamentario del Psoe, a 300 metros del despacho de
Ibarretxe. Fernando Buesa y su escolta murieron
destrozados por una furgoneta-bomba cuando caminaban
desde su domicilio hasta su oficina. El líder socialista
y ex vicelehendakari se había distinguido en el
Parlamento vasco por sus ataques, el último de ellos
tres días antes, al terrorismo y la violencia callejera.
La conmoción fue profundísima y su funeral en Vitoria
multitudinario. 60.000 personas despidieron el cadáver
de Buesa ante las muestras evidentes de rechazo del
gentío a los representantes oficiales del Pnv, el
Gobierno vasco organizó una manifestación «contra
ETA» que convirtió en un acto de respaldo a Ibarretxe.
En la marcha participaron cien mil personas divididas en
dos grandes grupos. En cabeza, con los nacionalistas, iba
un hermano de Buesa, del Pnv. Detrás, el Pp y Psoe, la
viuda y los hijos del asesinado. Eh no se conmovió en
ningún momento. Horas después del asesinato emitió un
único comunicado en que se limitó a lamentar la muerte
de Buesa como si hubiese fallecido por causas naturales.
Trató de llevarse por delante al locutor Carlos Herrera,
quien recibió una caja de puros; en realidad, contenía
explosivos suficientes para volar la emisora Radio
Sevilla.
Fue el inicio de la guerra de Eta a los medios. Otegui
afirmó que eta busca «condicionar a los medios porque
no son neutrales». El artefacto enviado a Herrera estaba
compuesto de 250 gramos de dinamita similar a la robada
en Francia.
En Amorebieta un potente artefacto causó grandes
destrozos en un inmueble y en una sede Hb de San
Sebastián la Ertzaina encontró material utilizado para
la «kale-borroka». La operación policial se inició
tras el ataque a una sucursal bancaria cercana. En
Francia ha sido descubierto un taller en el que Eta
fabricaba explosivos. Hasta Valencia podría llegar la
actividad terrorista. Un grupo extremista ha quemado la
sede del Psoe, Pp e Iu, en Chirivella, Manises y
Alboraya.
Ahora, la acción judicial se dirige a los grupos Y de
apoyo a Eta. El juez García Castellón reclamará a los
jueces vascos veinte causas contra este grupo, del que
han sido detenidos cinco presuntos miembros.
Al fin se publican los datos del censo de Eta. Lo forman
600 activistas, entre dirigentes, pistoleros y
cómplices. Al menos 200 de ellos se encuentran en
Francia; una cifra algo menor en México. Se desconoce en
qué país pueden encontrarse otros 130. Las pistas
etarras llegan hasta El Salvador, Nicaragua y Honduras.
La Iglesia, por boca de monseñor Rouco «se ha unido a
la iniciativa del Santo Padre y pide perdón por todos
los capítulos de fallos y pecados»que se desgranaron.
Por lo que atañe a la Iglesia en España y a sus hijos
en el último milenio, dijo el Cardenal Rouco en la
apertura de la 74 Asamblea plenaria del Episcopado: «nos
parece que no hubiera sido justo ni oportuno entrar en
juicios históricos de esta naturaleza» y añadió «el
futuro no se construye sobre falsificaciones de la
Historia; las causas de aquella guerra civil y de sus
consecuencias son complejas; simplificar los hechos para
obtener de ellos determinados rendimientos políticos o
ideológicos no contribuye a restañar las heridas ni a
cimentar la paz. Por eso, sin caer en el relativismo
histórico, los obispos no quieren «buscar culpables» y
no piden perdón por la implicación de la Iglesia en la
guerra civil, fundamentalmente para no reabrir heridas.»
La Iglesia, siguiendo este mismo criterio, quiere
agrupar, unificar y agilizar los procesos de
canonización de los mártires de la guerra civil. Todos
ellos, afirmó el Cardenal, perdonaron a sus
perseguidores y no fueron actores de violencia, sino
inocentes de ella.
Para Rouco, el triunfo del Pp inicia una nueva etapa en
la que España se enfrenta a nuevos problemas. Unos
coyunturales y otros de más hondo calado histórico y
cultural.Para la solución de unos y otros son necesarios
espíritu de diálogo, voluntad de entendimiento,
abnegación y constancia en el trabajo serio y
responsable siempre con las miras puestas en la justicia
y en el bien común. Monseñor Rouco señaló que ya es
hora de encontrar una solución adecuada al problema del
Estatuto académico de la clase de Religión.
Veinte años después de los acuerdos Iglesia-Estado, los
principales temas pendientes persisten. En la legislatura
que ha terminado se han resuelto asuntos como el plan de
catedrales o la regulación de los profesores de
Religión de primaria, inscritos ya en la Seguridad
Social. Temas de vital importancia como la enseñanza de
la religión católica o la asignación voluntaria están
aún por resolver.
La Constitución, según los obispos, reconoce la
libertad de expresión, pero a la vez declara que esta
libertad se encuentra limitada en los derechos
reconocidos en la propia Constitución, entre ellos, los
atinentes al ejercicio de la libertad religiosa. La
Iglesia estima que si bien el Estado asumió el
compromiso de que sean respetados en sus medios de
comunicación social los sentimientos de los católicos
constitucionalmente protegidos, es este un compromiso que
hasta la fecha se ha violado repetidamente.
Si en todas las diócesis hay problemas importantes por
falta de sacerdotes, esta carencia es esencialmente grave
en Cataluña: los datos detectan una sensible falta de
vocaciones, así como de participación sacramental.
El Rey. La inviolabilidad que la Constitución otorga al
Rey dificulta la adhesión de España al Tribunal Penal
Internacional, cuyo artículo 17 establece que el cargo
oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de gobierno,
en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal. El
artículo 56 de la Constitución española establece que
la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad.
Naturalmente, algunos sectores han afirmado que lo
apropiado sería modificar la Constitución para que el
Rey pierda la inmunidad. Como el Gobierno no tiene fecha
para aprobar el Tratado del Tribunal Penal Internacional,
partidos y asociaciones judiciales piden que se envíe al
Parlamento de inmediato. El Gobierno, por boca del
ministro de Asuntos Exteriores, ha expresado su deseo de
ratificar el Estatuto de Roma para la puesta en marcha
del Tribunal Internacional, pero expresa que se haga sin
reformar la Constitución. Argumentó que los reyes de
España no tienen funciones ejecutivas y nunca pueden,
por tanto, ser objeto de una demanda fundada por
violación de derechos humanos. Dudosa defensa.
Juicio caso Lasa-Zabala.Está pendiente de sentencia el
juicio celebrado contra los señores Galindo, Elgorriaga,
Vera, Argote, Bayo, Delgado y Vaquero por el llamado caso
Lasa y Zabala. Después de numerosos días de audiencia
pública, el fiscal elevó a 110 años la condena que
pedía para Galindo y Elgorriaga; 4 años para Rafael
Vera; 4 años para Jorge Argote; 108 años para Felipe
Bayo, 108 para EnriqueDorado; 108 para Angel Vaquero.
Durante la celebración del juicio, el coronel Perote
entregó al Tribunal documentos originales que
relacionaban al general Galindo con la guerra sucia.
El proceso se celebró tras numerosas trabas desde el
Ministerio de Defensa. La instrucción del sumario ha
tenido que enfrentarse a multitud de obstáculos, como la
negativa a aportar documentación. El fiscal lamentó en
su informe que el caso termine sin que se juzgue a otros
responsables.
CC.OO. El viejo y joven sindicalistaAntonio Gutiérrez ha
dejado la Secretaría general de CC.OO. en manos de otro
antiguo sindicalista, José María Fidalgo. El discurso
de despedida del antiguo líder resultó sorprendente.
Reconoció los éxitos del Pp, criticó la confusión
«catatrofista» de la izquierda; alertó contra los
riesgos de fractura del mercado laboral y la desigualdad
entre las regiones; consideró necesario definir en el
futuro una configuración más acabada y estable del
Estado español en la que no se produzcan fracturas en el
Derecho del trabajo, la Seguridad Social o la unidad de
mercado. Al Gobierno Aznar le pidió que no entorpezca
las negociaciones entre sindicatos y patronal con
intromisiones o con nuevas reformas para abaratar el
despido y que no utilice su mayoría para aplicar medidas
que provoquen el rechazo de los representantes de los
trabajadores. El resto del informe que estuvo dominado
por el análisis político, la crisis de la izquierda y
las razones que, a su juicio, han llevado al Pp a lograr
la mayoría absoluta. «El Pp ha obtenido una victoria
clara y limpia -afirmó- y ha demostrado que no hay
suelos ni techos electorales infranqueables». Sobre la
derrota de la izquierda cree que ha pesado su discurso
catastrofista y la confusión de políticas
intercambiables entre la derecha y la izquierda.
El sector crítico de CC.OO. ha realizado una valoración
muy negativa del discurso de despedida de Gutiérrez,
tachándolo de eminentemente político y de «centralista
y neoespañolista». El ya secretario general, Fidalgo,
ha tendido puentes a sus antiguos contricantes,
incorporando a muchos de ellos a su Gobierno; lista de 20
sindicalistas de los que 9 serán del sector crítico. Al
Congreso acudieron los ex ministros de Trabajo del Pp,
Arenas, Pimentel y el actual en funciones Aparicio. Este
último elogió en su intervención la elección
deFidalgo. El nuevo secretario general pretende acabar en
los próximos meses sus estudios en la Facultad de
Económicas. Gutiérrez había empezado a estudiar la
carrera hace bastantes años, pero su dedicación al
mundo sindical le impidió avanzar con normalidad.
Juicio Conde. Por fin, el juicio a Mario Conde y sus
colaboradores llegó a término en la Audiencia Nacional.
Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación
indebida y estafa a la pena de 10 años y 2 meses.
También lo fueron los señores Romaní a 15 años y 8
meses; Garro, 5 años; Pérez Escolar, a 5 años y 12
meses. Y fueron absueltos el resto de los procesados.
Los señores Conde y Romaní deberán indemnizar a
Banesto en 3.436 millones de pesetas. Los señores Conde,
Romaní y Pérez Escolar pagarán cada uno una multa de
18.250.000 pesetas por Dorna. El señor Pérez Escolar
indemnizará a Banesto con 816.000 pesetas. El señor
Garro pagará multa de 18.250.000 pesetas. La Audiencia
ha exigido una fianza de 500 millones a Conde para salir
de la cárcen en libertad provisional.
La sentencia ha producido general decepción.
Todavía Sogecable. La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo ha permitido a los letrados del señor Polanco
que examinen los 1.190 escritos de adhesión al indulto
del juez Liaño recibidos en dicha sala: 540 telegramas y
650 cartas. El periódico «El Mundo» escribe «más
allá de problemas de listas negras, lo que en todo caso
es seguro es que quienes mandaron esos telegramas y
cartas jamás pensaron en que su decisión iba a acabar
siendo aireada a los cuatro vientos, incluso al viento
contrario».
El fiscal había apoyado el indulto a Liaño «porque es
un clamor popular», pedía su reingreso en la carrera
judicial, si bien que se le restringiese su vuelta a la
Audiencia. Los abogados de Liaño han pedido al Supremo
que no revele a Polanco la identidad de quienes solicitan
su indulto por razones obvias.
Justicia. El Gobierno quiere volver al sistema de 1970,
pero sin que intervengan las asociaciones de magistrados.
Cualquier juez podrá presentar por su cuenta sin la
tutela de las organizaciones su candidatura al Consejo.
Los jueces podrán elegir en listas abiertas a 12 de los
20 componentes del Consejo General del Poder Judicial.
Se asegura que, aunque todavía falta más de un año
para renovar el actual Consejo, esta reforma legal será
una de las prioridades del futuro Gabinete popular.
El Consejo ha mantenido por unanimidad la sanción contra
la Juez Ramírez, de Málaga, sancionada por no observar
imparcialidad en asuntos en los que debiera haberse
abstenido.
La huelga de la Justicia se inició el 29 de marzo. En
1999 ha paralizado 36.000 juicios y más de 78.000
actuaciones de registro civil sin practicar, como
nacimientos, defunciones, partidas matrimoniales, libros
de familia, expedientes de nacionalidad y de
extranjería.
Un caso relevante es el del acuerdo del Consejo Fiscal de
desaprobar la actuación del fiscal general señor
Cardenal al relevar al fiscal del caso Ercrós, que
afecta al ministro de Industria y portavoz señor Piqué.
El señor Villajero, fiscal general anticorrupción, ha
lamentado con tal motivo que el fiscal general todavía
dependa del Gobierno; se queja del control del fiscal
general en los casos que afectan al poder. El fiscal
general ha afirmado que jamás recibió ninguna
indicación por parte del Gobierno en el caso Piqué. El
relevo del fiscal Vargas fue una decisión directa del
fiscal general. Lo cierto es que este asunto va a
complicar mucho el posible nombramiento como ministro del
señor Piqué.
No se cree que la señora Mariscal de Gante continúe
como ministra de Justicia.
Universidad. En un informe presentado por la
Confederación de Rectores se propone que una nueva
agencia oficial revise todas las carreras universitarias.
Se propugna una financiación que en diez años permite a
la educación superior pasar del actual 1 por 100 del PIB
al 5 por 100. Para ello prevé cada año una inyección
suplementaria del 3,2 por 100 del presupusto educativo;
de este modo, en diez años se llegaría al billón de
pesetas.
La organización de las titulaciones debe homologarse en
cuatro tipos; las de tipo A y C serán las más
disciplinares o académicas, y las de tipo B y D las
orientadas al ejercicio profesional.
El informe pide una mayor participación de las
Universidades en la selección de los alumnos y sugiere
que cada Universidad fije los criterios de acceso. Una
vez que los estudiantes tengan en la mano su nota de
selectividad, pueden pedir plaza en la carrera que deseen
en todas las Universidades españolas.
El informe considera necesario crear dos figuras de
profesorado contratado no funcionario: titular docente y
titular investigador. Así como que la elección del
rector por el Claustro de la Universidad debe mantenerse;
pero se señala la necesidad de reducir el tamaño de los
órganos de gobierno de las Universidades, para dinamizar
sus decisiones. Hay Universidades en las que llega a
haber más de 1.500 representantes en el Claustro. Se
propone que las Universidades creen un nuevo organismo
superior restringido.
El estudio recomienda duplicar las becas y que no suban
las tasas.
El informe Universidad 2000 fue encargado en diciembre de
1998 al profesor José María Bricall por la conferencia
de Rectores de las Universidades españolas. Aparte lo
anterior, el informe Bricall sugiere aprovechar todos los
posibles ingresos para la Universidad, incluso sugiere
cobrar a asociaciones de ex alumnos para tener más
ingresos. El informe ha producido división entre los
estudiantes que iniciaron una huelga en protesta. Sin
embargo, sindicatos y organizaciones se oponen a la
huelga convocada por la Asamblea General de
Estudiantes.En definitiva, los rectores piden un 62 por
100 más de ayuda estatal a la Universidad en diez años.
Ahora, con el triunfo del Pp,se recuerda sus promesas
sobre la enseñanza de las Humanidades y su compromiso
educativo para los próximos años
Expectación. La opinión pública otorga un crédito de
confianza al señor Aznar. Bastarán cien días para que
decepcione o convenza.
Manuel Jiménez Quílez
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