La Política

pag. principal Razón Española

La Política

Por Manuel Jiménez Quílez

El oro de Moscú indice CRONICA: La Diplomacia

La Política

Nadie puede jactarse de haber vaticinado un triunfo tan absoluto. En los días anteriores al 12 de marzo el ambiente general era que el Pp triunfaba por una débil mayoría y que la situación iba a ser poco más o menos la que se trataba de remediar: 164 escaños se le adjudicaban al Pp y 160 al Psoe, y dependencia de Ciu y, en definitiva esterilización de los planes de gobierno genuinos del Pp.

Lo que se vino encima: 183 escaños al Pp y 125 al Psoe. No lo habían previsto tampoco las empresas de sondeos que, según explicaron después, valoraron en exceso el voto oculto del Psoe (sus responsables dicen que no fracasaron las encuestas como en 1996, y que acertaron en las tendencias). Los expertos creían que los indecisos del Psoe e Iu decidirían el Gobierno.

Para complicar las cosas, en pleno período electoral dimitió el ministro de Trabajo, señor Pi-mentel, muy estimado por su valía personal y capacidad de diálogo. Abrumado por un problema de conciencia como consecuencia de la actitud delictiva de uno de sus colaboradores que, sin embargo, él no había nombrado, sino que provenía de los tiempos del señor Almunia en Trabajo, decidió abandonar el Gobierno, lo que hizo de manera irregular.

El 5 de marzo, los más importantes macrosondeos estimaban que el Pp lograría al menos 164 escaños, pero la izquierda podría llegar a 160. El Psoe tendría entre 137 y 143. Iu, entre 9 y 11. El Bng entre 3 y 5, y Ezquerra Republicana, 1. La mayoría volvería a estar otra vez en manos de Arzallus, Pujol y Coalición Canaria. (En esta situación, Aznar prometió en Bilbao no volver a pactar con el Pnv mientras éste siguiera en el Acuerdo de Estella.)

Iu y Psoe firman su alianza, que da alientos a la izquierda de obtener una victoria.

Cuando en la tarde-noche del 12 de marzo se proclaman los resultados y desde el balcón de la calle de Génova Aznar lanza su «hemos ganado las elecciones», muchos todavía ignoraban que se trataba de la mayoría absoluta; que ya no había que mendigar votos prestados a nadie, que Pujol podía meterse los suyos donde le cupiesen, los de Coalición Canaría serían un mero adorno, y los del Pnv al desván. Aznar podía gobernar solo, lo que parecía un sueño. El triunfo alejaba las frustraciones de la anterior legislatura para el señor Aznar. La reacción al triunfo fue tranquila. Un afán de moderación, de no alar-dear de mayoría absoluta dominó las emociones de los dirigentes máximos del Pp, asomados al balcón de su sede principal. El Pp había conseguido 1.525.000 sufragios nuevos, con respecto a 1996. La alianza Psoe-IU quedó destrozada: casi tres millones de votantes de 1996 optaron por la abstención, según un estudio de Sigma2. El Pp se llevó medio millón de votos de los sectores socialistas.

Del Psoe, Manuel Chaves superó en Sevilla a Felipe González, que bajó con respecto de los resultados que logró Guerra como cabeza de lista. Almunia, que inmediatamente dimitió de su cargo de secretario general del Psoe, vio su mayor error en no dimitir tras perder las primarias, y asumió la total responsabilidad del fracaso electoral socialista.

Felipe González había intervenido en diversos momentos. En uno de ellos pidió a los votantes que «saquen de la Moncloa al muñeco diábolico», y atacaba duramente al Pp por pervertir los juicios, por conceder en este momento las licencias de telecomunicación. Muy mal estilo.

La campaña socialista fue débil y pésimamente orientada. Esta vez no actuó el delirante doberman, pero sí un vídeo plagado de mal gusto que lo sustituía. Almunia iba detrás de los acontecimientos y, por supuesto, de la campaña del Pp. Así, por ejemplo, pidió al Banco deEspaña que interviniera en el acuerdo Telefónica-BBVA; utilizó contra el Pp los 2.820 millones que cobraría Villalonga por las stock-options. Afirmaba que las encuestas adversas eran un acicate y no dejaba de dirigirse a los pensionistas a los que prometió una paga extra de 28.000 pesetas. De vez en vez, enumeraba las prioridades de su programa para intentar recuperar la iniciativa y afirmaba que acabó el Gobierno de los pelotazos, acusando siempre a Aznar de despreciar el consenso antiterrorista.

La derrota socialista tuvo efectos demoledores en el Psoe. Almunia, repetimos, dimitió inmediatamente y el Psoe quedó descabezado. Después de infinidad de gestiones quedó encargado de su reorganización Manuel Chaves, que había ganado las elecciones en Andalucía, pero sin mayoría absoluta, pendientes de pactar con Iu o Pa. El Pp había recortado diferencias con el Psoe y logró su máximo histórico en Andalucía.

Una «Comisión Política» gobierna el Psoe hasta su próximo congreso ordinario, que se celebrará en junio. La preside Chaves y de ella forman parte todas las «tendencias» socialistas.

El 12 M ha dejado destrozado a Izquierda Unida. Ha entrado hasta en grave crisis económica, al punto de obligarse a un despido masivo. La coalición tiene una deuda de 2.200 millones y dos sedes hipotecadas.

Frutos reconoce el fracaso «sin paliativos» del pacto y achaca su derrota a la alta abstención y al sistema electoral que les relega al cuarto lugar en número de diputados. También atribuye la derrota «a la prudencia social» del Pp y apuesta por celebrar la Asamblea de IU en noviembre.

Por lo pronto, además de las medidas económicas anteriormente anunciadas, reduce el 75 por 100 de los gastos de la vivienda de Anguita, cerrará el periódico «Voces» y garantiza a los despedidos que la indemnización será mayor de 20 días por año.

En Andalucía, Iu revisará sus pactos municipales con el Psoe para exigir más a la Junta y debería estudiar el famoso pacto que tanto despreció y desprecia al Psoe.

Ese pacto socialistas-comunistas tuvo difícil gestación y casi imposible gestión. Perjudicó electoralmente a ambas organizaciones, sin que, en realidad, se llevase a efecto, como opinaron los líderes del Psoe. La ejecutiva afirmó que el pacto con Iu no tenía proyección de futuro y la gestora decidió por unanimidad que ha terminado su vigencia.

Iu culpa al Psoe de que el pacto llegase demasiado tarde. En tanto, Anguita afirma que la unidad es algo más que un acto puntual. En ningún momento hubo confianza entre los líderes de ambas organizaciones.

La radicalización ideológica de Iu perjudicó a un Psoe que llevaba lustros de desideologización, como en Inglaterra o Alemania.

Aznar llevó personalmente la campaña del Pp, sin dejar a ningún otro líder de su partido meter cabeza. Llevó la iniciativa en la campaña con gran fuerza dialéctica, dosificada con cierta ironía. De vez en cuando preguntaba a Almunia si tenía alguna idea en la cabeza; declaraba que los dirigentes del Pnv no son parte de la solución, sino parte del problema, e insistía en el desmantelamiento del pacto de Lizarra, porque daba cobertura a los terroristas. Y cuidaba mucho mucho sus propuestas fiscales que acercaba a Ciu y a los empresarios contra las que se alzaba el Psoe e Iu.

En algunas de sus declaraciones llegó a afirmar que el presidente del Pnv «había perdido el juicio» y reiteró en diversas ocasiones que no pactaría con el Pnv si éste continuaba en el Pacto de Estella. En varias ocasiones pidió al Psoe que dijera si estaba o no con los que ponen bombas y dirigió su mensaje electoral a los asalalariados con la propuesta de rebajar el impuesto de la renta, calificándola de segunda revolución fiscal.

Su campaña fue buena.

Después de las elecciones, Aznar ha vuelto a sostener que está dispuesto a ayudar al Gobierno de Ibarretxe si el Pnv pone fin al pacto de Lizarra. Ha impedido que el Bloque Nacionalista Gallego tenga grupo parlamentario propio, en tanto han propiciado, mediante la cesión de diputados, que Coalición Canaria forme el suyo propio. El presidente opina que el 12-M supone el fin de los falsos tópicos sobre la derecha. Y tendió la mano a los nacionalistas catalanes, lo que ha producido perplejidad entre los votantes del Pp. ¿Seguirán las concesiones política y económicas?

Los grandes problemas pendientes son la unidad nacional, el terrorismo, la descomposición de la justicia, el fracaso de la educación, la enseñanza de la moral y de la religión, la descomposición ética de las televisiones oficiales -y de las otras-, la falta de candidatos al Ejército profesional, y el gigantismo la de una burocaracia que se ha triplicado en un cuarto de siglo. El tiempo dirá si Aznar quiere afrontarlos y resolverlos. Ahora puede hacerlo solo.



Capítulo de sangre El 22 de febrero, en pleno período electoral, Eta asesinó en Vitoria al portavoz parlamentario del Psoe, a 300 metros del despacho de Ibarretxe. Fernando Buesa y su escolta murieron destrozados por una furgoneta-bomba cuando caminaban desde su domicilio hasta su oficina. El líder socialista y ex vicelehendakari se había distinguido en el Parlamento vasco por sus ataques, el último de ellos tres días antes, al terrorismo y la violencia callejera. La conmoción fue profundísima y su funeral en Vitoria multitudinario. 60.000 personas despidieron el cadáver de Buesa ante las muestras evidentes de rechazo del gentío a los representantes oficiales del Pnv, el Gobierno vasco organizó una manifestación «contra ETA» que convirtió en un acto de respaldo a Ibarretxe. En la marcha participaron cien mil personas divididas en dos grandes grupos. En cabeza, con los nacionalistas, iba un hermano de Buesa, del Pnv. Detrás, el Pp y Psoe, la viuda y los hijos del asesinado. Eh no se conmovió en ningún momento. Horas después del asesinato emitió un único comunicado en que se limitó a lamentar la muerte de Buesa como si hubiese fallecido por causas naturales. Trató de llevarse por delante al locutor Carlos Herrera, quien recibió una caja de puros; en realidad, contenía explosivos suficientes para volar la emisora Radio Sevilla.

Fue el inicio de la guerra de Eta a los medios. Otegui afirmó que eta busca «condicionar a los medios porque no son neutrales». El artefacto enviado a Herrera estaba compuesto de 250 gramos de dinamita similar a la robada en Francia.

En Amorebieta un potente artefacto causó grandes destrozos en un inmueble y en una sede Hb de San Sebastián la Ertzaina encontró material utilizado para la «kale-borroka». La operación policial se inició tras el ataque a una sucursal bancaria cercana. En Francia ha sido descubierto un taller en el que Eta fabricaba explosivos. Hasta Valencia podría llegar la actividad terrorista. Un grupo extremista ha quemado la sede del Psoe, Pp e Iu, en Chirivella, Manises y Alboraya.

Ahora, la acción judicial se dirige a los grupos Y de apoyo a Eta. El juez García Castellón reclamará a los jueces vascos veinte causas contra este grupo, del que han sido detenidos cinco presuntos miembros.

Al fin se publican los datos del censo de Eta. Lo forman 600 activistas, entre dirigentes, pistoleros y cómplices. Al menos 200 de ellos se encuentran en Francia; una cifra algo menor en México. Se desconoce en qué país pueden encontrarse otros 130. Las pistas etarras llegan hasta El Salvador, Nicaragua y Honduras.

La Iglesia, por boca de monseñor Rouco «se ha unido a la iniciativa del Santo Padre y pide perdón por todos los capítulos de fallos y pecados»que se desgranaron. Por lo que atañe a la Iglesia en España y a sus hijos en el último milenio, dijo el Cardenal Rouco en la apertura de la 74 Asamblea plenaria del Episcopado: «nos parece que no hubiera sido justo ni oportuno entrar en juicios históricos de esta naturaleza» y añadió «el futuro no se construye sobre falsificaciones de la Historia; las causas de aquella guerra civil y de sus consecuencias son complejas; simplificar los hechos para obtener de ellos determinados rendimientos políticos o ideológicos no contribuye a restañar las heridas ni a cimentar la paz. Por eso, sin caer en el relativismo histórico, los obispos no quieren «buscar culpables» y no piden perdón por la implicación de la Iglesia en la guerra civil, fundamentalmente para no reabrir heridas.»

La Iglesia, siguiendo este mismo criterio, quiere agrupar, unificar y agilizar los procesos de canonización de los mártires de la guerra civil. Todos ellos, afirmó el Cardenal, perdonaron a sus perseguidores y no fueron actores de violencia, sino inocentes de ella.

Para Rouco, el triunfo del Pp inicia una nueva etapa en la que España se enfrenta a nuevos problemas. Unos coyunturales y otros de más hondo calado histórico y cultural.Para la solución de unos y otros son necesarios espíritu de diálogo, voluntad de entendimiento, abnegación y constancia en el trabajo serio y responsable siempre con las miras puestas en la justicia y en el bien común. Monseñor Rouco señaló que ya es hora de encontrar una solución adecuada al problema del Estatuto académico de la clase de Religión.

Veinte años después de los acuerdos Iglesia-Estado, los principales temas pendientes persisten. En la legislatura que ha terminado se han resuelto asuntos como el plan de catedrales o la regulación de los profesores de Religión de primaria, inscritos ya en la Seguridad Social. Temas de vital importancia como la enseñanza de la religión católica o la asignación voluntaria están aún por resolver.

La Constitución, según los obispos, reconoce la libertad de expresión, pero a la vez declara que esta libertad se encuentra limitada en los derechos reconocidos en la propia Constitución, entre ellos, los atinentes al ejercicio de la libertad religiosa. La Iglesia estima que si bien el Estado asumió el compromiso de que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos constitucionalmente protegidos, es este un compromiso que hasta la fecha se ha violado repetidamente.

Si en todas las diócesis hay problemas importantes por falta de sacerdotes, esta carencia es esencialmente grave en Cataluña: los datos detectan una sensible falta de vocaciones, así como de participación sacramental.



El Rey. La inviolabilidad que la Constitución otorga al Rey dificulta la adhesión de España al Tribunal Penal Internacional, cuyo artículo 17 establece que el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de gobierno, en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal. El artículo 56 de la Constitución española establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Naturalmente, algunos sectores han afirmado que lo apropiado sería modificar la Constitución para que el Rey pierda la inmunidad. Como el Gobierno no tiene fecha para aprobar el Tratado del Tribunal Penal Internacional, partidos y asociaciones judiciales piden que se envíe al Parlamento de inmediato. El Gobierno, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, ha expresado su deseo de ratificar el Estatuto de Roma para la puesta en marcha del Tribunal Internacional, pero expresa que se haga sin reformar la Constitución. Argumentó que los reyes de España no tienen funciones ejecutivas y nunca pueden, por tanto, ser objeto de una demanda fundada por violación de derechos humanos. Dudosa defensa.



Juicio caso Lasa-Zabala.Está pendiente de sentencia el juicio celebrado contra los señores Galindo, Elgorriaga, Vera, Argote, Bayo, Delgado y Vaquero por el llamado caso Lasa y Zabala. Después de numerosos días de audiencia pública, el fiscal elevó a 110 años la condena que pedía para Galindo y Elgorriaga; 4 años para Rafael Vera; 4 años para Jorge Argote; 108 años para Felipe Bayo, 108 para EnriqueDorado; 108 para Angel Vaquero. Durante la celebración del juicio, el coronel Perote entregó al Tribunal documentos originales que relacionaban al general Galindo con la guerra sucia.

El proceso se celebró tras numerosas trabas desde el Ministerio de Defensa. La instrucción del sumario ha tenido que enfrentarse a multitud de obstáculos, como la negativa a aportar documentación. El fiscal lamentó en su informe que el caso termine sin que se juzgue a otros responsables.

CC.OO. El viejo y joven sindicalistaAntonio Gutiérrez ha dejado la Secretaría general de CC.OO. en manos de otro antiguo sindicalista, José María Fidalgo. El discurso de despedida del antiguo líder resultó sorprendente. Reconoció los éxitos del Pp, criticó la confusión «catatrofista» de la izquierda; alertó contra los riesgos de fractura del mercado laboral y la desigualdad entre las regiones; consideró necesario definir en el futuro una configuración más acabada y estable del Estado español en la que no se produzcan fracturas en el Derecho del trabajo, la Seguridad Social o la unidad de mercado. Al Gobierno Aznar le pidió que no entorpezca las negociaciones entre sindicatos y patronal con intromisiones o con nuevas reformas para abaratar el despido y que no utilice su mayoría para aplicar medidas que provoquen el rechazo de los representantes de los trabajadores. El resto del informe que estuvo dominado por el análisis político, la crisis de la izquierda y las razones que, a su juicio, han llevado al Pp a lograr la mayoría absoluta. «El Pp ha obtenido una victoria clara y limpia -afirmó- y ha demostrado que no hay suelos ni techos electorales infranqueables». Sobre la derrota de la izquierda cree que ha pesado su discurso catastrofista y la confusión de políticas intercambiables entre la derecha y la izquierda.

El sector crítico de CC.OO. ha realizado una valoración muy negativa del discurso de despedida de Gutiérrez, tachándolo de eminentemente político y de «centralista y neoespañolista». El ya secretario general, Fidalgo, ha tendido puentes a sus antiguos contricantes, incorporando a muchos de ellos a su Gobierno; lista de 20 sindicalistas de los que 9 serán del sector crítico. Al Congreso acudieron los ex ministros de Trabajo del Pp, Arenas, Pimentel y el actual en funciones Aparicio. Este último elogió en su intervención la elección deFidalgo. El nuevo secretario general pretende acabar en los próximos meses sus estudios en la Facultad de Económicas. Gutiérrez había empezado a estudiar la carrera hace bastantes años, pero su dedicación al mundo sindical le impidió avanzar con normalidad.



Juicio Conde. Por fin, el juicio a Mario Conde y sus colaboradores llegó a término en la Audiencia Nacional. Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida y estafa a la pena de 10 años y 2 meses. También lo fueron los señores Romaní a 15 años y 8 meses; Garro, 5 años; Pérez Escolar, a 5 años y 12 meses. Y fueron absueltos el resto de los procesados.

Los señores Conde y Romaní deberán indemnizar a Banesto en 3.436 millones de pesetas. Los señores Conde, Romaní y Pérez Escolar pagarán cada uno una multa de 18.250.000 pesetas por Dorna. El señor Pérez Escolar indemnizará a Banesto con 816.000 pesetas. El señor Garro pagará multa de 18.250.000 pesetas. La Audiencia ha exigido una fianza de 500 millones a Conde para salir de la cárcen en libertad provisional.

La sentencia ha producido general decepción.



Todavía Sogecable. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha permitido a los letrados del señor Polanco que examinen los 1.190 escritos de adhesión al indulto del juez Liaño recibidos en dicha sala: 540 telegramas y 650 cartas. El periódico «El Mundo» escribe «más allá de problemas de listas negras, lo que en todo caso es seguro es que quienes mandaron esos telegramas y cartas jamás pensaron en que su decisión iba a acabar siendo aireada a los cuatro vientos, incluso al viento contrario».

El fiscal había apoyado el indulto a Liaño «porque es un clamor popular», pedía su reingreso en la carrera judicial, si bien que se le restringiese su vuelta a la Audiencia. Los abogados de Liaño han pedido al Supremo que no revele a Polanco la identidad de quienes solicitan su indulto por razones obvias.



Justicia. El Gobierno quiere volver al sistema de 1970, pero sin que intervengan las asociaciones de magistrados. Cualquier juez podrá presentar por su cuenta sin la tutela de las organizaciones su candidatura al Consejo. Los jueces podrán elegir en listas abiertas a 12 de los 20 componentes del Consejo General del Poder Judicial.

Se asegura que, aunque todavía falta más de un año para renovar el actual Consejo, esta reforma legal será una de las prioridades del futuro Gabinete popular.

El Consejo ha mantenido por unanimidad la sanción contra la Juez Ramírez, de Málaga, sancionada por no observar imparcialidad en asuntos en los que debiera haberse abstenido.

La huelga de la Justicia se inició el 29 de marzo. En 1999 ha paralizado 36.000 juicios y más de 78.000 actuaciones de registro civil sin practicar, como nacimientos, defunciones, partidas matrimoniales, libros de familia, expedientes de nacionalidad y de extranjería.

Un caso relevante es el del acuerdo del Consejo Fiscal de desaprobar la actuación del fiscal general señor Cardenal al relevar al fiscal del caso Ercrós, que afecta al ministro de Industria y portavoz señor Piqué. El señor Villajero, fiscal general anticorrupción, ha lamentado con tal motivo que el fiscal general todavía dependa del Gobierno; se queja del control del fiscal general en los casos que afectan al poder. El fiscal general ha afirmado que jamás recibió ninguna indicación por parte del Gobierno en el caso Piqué. El relevo del fiscal Vargas fue una decisión directa del fiscal general. Lo cierto es que este asunto va a complicar mucho el posible nombramiento como ministro del señor Piqué.

No se cree que la señora Mariscal de Gante continúe como ministra de Justicia.



Universidad. En un informe presentado por la Confederación de Rectores se propone que una nueva agencia oficial revise todas las carreras universitarias. Se propugna una financiación que en diez años permite a la educación superior pasar del actual 1 por 100 del PIB al 5 por 100. Para ello prevé cada año una inyección suplementaria del 3,2 por 100 del presupusto educativo; de este modo, en diez años se llegaría al billón de pesetas.

La organización de las titulaciones debe homologarse en cuatro tipos; las de tipo A y C serán las más disciplinares o académicas, y las de tipo B y D las orientadas al ejercicio profesional.

El informe pide una mayor participación de las Universidades en la selección de los alumnos y sugiere que cada Universidad fije los criterios de acceso. Una vez que los estudiantes tengan en la mano su nota de selectividad, pueden pedir plaza en la carrera que deseen en todas las Universidades españolas.

El informe considera necesario crear dos figuras de profesorado contratado no funcionario: titular docente y titular investigador. Así como que la elección del rector por el Claustro de la Universidad debe mantenerse; pero se señala la necesidad de reducir el tamaño de los órganos de gobierno de las Universidades, para dinamizar sus decisiones. Hay Universidades en las que llega a haber más de 1.500 representantes en el Claustro. Se propone que las Universidades creen un nuevo organismo superior restringido.

El estudio recomienda duplicar las becas y que no suban las tasas.

El informe Universidad 2000 fue encargado en diciembre de 1998 al profesor José María Bricall por la conferencia de Rectores de las Universidades españolas. Aparte lo anterior, el informe Bricall sugiere aprovechar todos los posibles ingresos para la Universidad, incluso sugiere cobrar a asociaciones de ex alumnos para tener más ingresos. El informe ha producido división entre los estudiantes que iniciaron una huelga en protesta. Sin embargo, sindicatos y organizaciones se oponen a la huelga convocada por la Asamblea General de Estudiantes.En definitiva, los rectores piden un 62 por 100 más de ayuda estatal a la Universidad en diez años.

Ahora, con el triunfo del Pp,se recuerda sus promesas sobre la enseñanza de las Humanidades y su compromiso educativo para los próximos años



Expectación. La opinión pública otorga un crédito de confianza al señor Aznar. Bastarán cien días para que decepcione o convenza.



Manuel Jiménez Quílez



 

El oro de Moscú indice CRONICA: La Diplomacia

Cartas a Razón Española

Buzon Pulse aquí para enviar correo


La obra de Razón Española es propiedad registrada
Prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin previa autorización y acuerdo.