Estado de las autonomías

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Estado de las autonomías

Por Ramón Peralta

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Estado de las autonomías

Veinte años de vigencia del Estado de las autonomías permiten analizar la naturaleza del mismo y sus consecuencias a partir de la promulgación de la Constitución de 1978. Y son esas consecuencias las que obligan a criticar el presente ordenamiento territorial, propio de un regionalismo exacerbado y permanentemente reivindicativo e incluso, en algunos casos, cercano a posiciones inconstitucionales. El confuso título VIII de la Constitución debería haber sido el instrumento para una descentralización del poder y resulta ahora el verdadero fundamento de la deriva ultrarregionalista que procede considerar como un paso atrás en nuestro devenir histórico contemporáneo.

La extensión de la autonomía política regional a todos aquellos «entes autonómicos» que lo deseasen pretendía desvirtuar el movimiento regionalista que existía en el País Vasco y Cataluña. De este modo, la Unión de Centro Democrático, el partido en el Gobierno, decidió el famoso «café para todos» con la aquiescencia del federalizante PSOE. El resultado fue la creación de 17 «autonomías» que han llegado a configurarse como 17 mini-Estados con sus poderes políticos y su burocracia administrativa, fundamentados en sus distintos y en muchos casos muy discutibles «hechos diferenciales», manifestados en la existencia real o forzada de lenguas propias, etnias diferenciadas, banderas, himnos, costumbres y hasta gastronomías peculiares. Los ultrarregionalistas del País Vasco y Cataluña (a los que se están sumando los de Galicia) rechazan esta homologación «española» y han dado ya el salto adelante concretado en la llamada «Declaración de Barcelona». Dicha Declaración no es otra cosa que un intento de justificar el desprecio de estos nacionalistas hacia las instituciones políticas de España, desprecio hacia la misma e incuestionable realidad nacional de España y que es lo que sustenta materialmente el Estado constitucional vigente. Proponen los portavoces del ultrarregionalismo irredentista que se fraccione la soberanía política del pueblo español (artículo 1.2 CE.), que debemos considerar como una conquista colectiva resultado de un largo y complejo proceso histórico-político, y que, en cambio, se dé paso a una Confederación de Estados soberanos (Cataluña, Euskadi, Galicia y «el resto») encabezada formalmente por la Corona como tenue vínculo fácilmente superable en un futuro no lejano.

El vigente Estado de las autonomías genera una dinámica de autodestrucción o implosión por la inflación desmesurada de regionalismo donde las autonomías vasca y catalana actúan como modelo a seguir por las demás, ultrarregionalismo que debe ser entendido como la hipertrofia de presuntos hechos diferenciales de cada parte respecto del todo, elevados a la máxima potencia, siendo entonces fuerza centrífuga que tiende a fragmentar el conjunto unitario, reducido finalmente a mero símbolo sin sustancia.

El neoeuropeismo, ahora rampante, termina por ser la excusa final de los grupos políticos regionalistas y que queda bien expresada en palabras del máximo dirigente del nacionalismo vasco: «nosotros no queremos ser una Autonomía (el País Vasco) dentro de otra Autonomía (España en el marco de la Unión Europea)». Pero la Unión Europea resulta de la voluntad política de los Estados soberanos que la componen y no de un inexistente pueblo europeo soberano. Ni Francia ni Alemania, por ejemplo, se disolverán perdiendo su soberanía política en una utópica y delirante «Europa de los cien Pueblos», sino todo lo contrario, desde su unidad dirigen ventajosamente el proceso de construcción europea.

El Estado autonómico-regional, aparte de ser gravemente oneroso para los contribuyentes (tenemos que mantener a 17 mini-Estados además del Estado propiamente dicho), resulta negativo si consideramos la amenaza que se cierne sobre el Estado, es decir, fragmentación del soberano (el pueblo español) como fundamento de los poderes políticos. La crítica constructiva, consciente, del Estado autonómico exige desbrozar un nuevo sendero para salir del actual estado de cosas y que suponga nuestro paso adelante en la descentralización del poder estatal. Ese sendero sólo podremos despejarlo con herramientas nobles para beneficio de la sociedad civil conformada histórico-políticamente como Nación Española: representatividad, descentralización, autenticidad, participación, soberanía, libertad.

Potenciemos el poder municipal siendo como es el municipio la entidad político-administrativa más próxima al ciudadano, el cual participa decisivamente en la conformación de su órgano de gobierno, el Ayuntamiento. El ciudadano vive la realidad cotidiana de la población en que reside como ámbito primero de su existencia socio-política. Hagamos de la Provincia una verdadera Comunidad de Municipios, nuestra comunidad autónoma por excelencia, cuyo órgano de gobierno, la Diputación, se constituye desde la participación de los distintos municipios que conforman la Provincia, reunidos en Juntas Generales (parlamento provincial). La Constitución determinará las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones, presididos por la autonomía fiscal de las Haciendas locales capaces de financiar aquellos servicios (infraestructuras menores, medio ambiente, sanidad, educación,...) que realmente requieran los ciudadanos en el marco de un territorio propio. Poderes locales bajo el control de los ciudadanos, poderes de dimensiones democráticas viables.

La reformulación de la Provincia histórica como ente realmente autónomo supondría, desde luego, la revitalización política, económica y cultural de tantas capitales de provincia actualmente deprimidas a causa del nuevo centralismo ejercido por las capitales autonómicas, seria y efectiva descentralización del poder. Provincias como León, Segovia, Burgos, Alicante, Granada, Málaga o Almería han denunciado ya el nuevo centralismo de Valladolid, Valencia o Sevilla que las despoja de la facultad de autoregirse, colocándolas en una situación general de dependencia. De la verdadera vitalidad de las distintas provincias-comunidades españolas, dirigidas desde su capital como cabecera municipal, depende el futuro del actual régimen autonómico que se ha convertido en multiplicador a escala regional del centralismo madrileño.

Existen alternativas al vigente Estado de las Autonomías, la alternativa democrática, representativa de los ciudadanos y descentralizadora del poder. Debemos considerar, desde una óptica occidental, la principal de todas las autonomías, la autonomía personal como autoconciencia del ser individual, la que hace del ciudadano un ser responsable, consciente de su libertad, de su desarrollo personal en su entorno social. A esa autonomía individual, que exige el reconocimiento de los derechos individuales, corresponde la autonomía local, municipal, escasamente onerosa para los ciudadanos, verdaderamente representativa de los mismos, mucho más controlable y, desde luego, auténticamente enraizada en nuestra historia social. Ayuntamientos y Diputaciones como ejes de la descentralización político-administrativa, el Poder Municipal junto a los otros tres poderes básicos del Estado, un paso adelante a favor del realismo democrático, un peldaño más hacia una descentralización representativa que robustece, a su vez, la soberanía nacional.

Ese Estado de autonomías territoriales supone la superación del actual proceso de descomposición antinacional a la que nos arrastra la falacia soberanista del nacionalismo vasco y catalán, ya tan nítidamente expuesta (Declaración de Barcelona). Autonomía tras Autonomía siguen o seguirán los designios autodestructivos de la nacionalidad española, dictados por ciertos líderes separatistas cuando, además, la dinámica del presente Estado autonómico corre en su apoyo. Sólo el pueblo español, en ejercicio de su soberanía, podrá evitar el actual y penoso taifismo.

El proceso histórico español contemporáneo (siglos XIX y XX) tiene como punto de referencia la organización de una sociedad de libertades civiles, políticas, económicas, territoriales. El Estado constitucional posee como pretensión esencial la realización de la libertad personal, la garantía de los derechos individuales a partir de la asunción de una serie de principios (comunidad de valores: libertad, igualdad, justicia, respeto al pluralismo) por el conjunto mayoritario de la ciudadanía. La identidad entre Estado constitucional y Estado nacional en el caso español resulta evidente: España se define modernamente como Nación en la Constitución de 1812. España como Estado constitucional moderno supone libertad e igualdad para todos los ciudadanos, la solidaridad entre todos ellos: una ley común, un territorio común, de manera que los viejos privilegios fiscales de tipo territorial, los antiguos señoríos jurisdiccionales o el caduco privilegio clerical fueran eliminados para siempre. Barrido el privilegio territorial, señorial o eclesiástico e instituida la igualdad jurídica y la libertad individual, una extensa Nación de ciudadanos como espacio unitario en lo jurídico, lo político y lo económico caminaría por la senda de la libertad y la solidaridad. A eso responde el Estado constitucional como Estado nacional, superador del regional, Estado en el que se integran las autonomías territoriales de esos Municipios y Provincias (las genuinas comunidades autónomas) que son los verdaderamente históricos territorios españoles y que, desde luego, responden a esa tradición nacional-liberal que alimenta al constitucionalismo español desde sus orígenes. Nadie puede dudar de la autonomía histórica de las provincias de Vizcaya, Alava y Guipuzcoa, que conservan la mejor tradición hispánica de autogobierno fundado sobre las municipalidades; pero podemos dudar muy seriamente de la bondad y democraticidad de esa entidad antihistórica, delirante y xenófoba denominada «Euskadi». Fueron las Comunidades de Toledo, Segovia y Avila las primeras que en 1520 se alzaron en defensa de libertades municipales sólidamente arraigadas en el suelo peninsular, fundamento de un régimen protoconstitucional autóctono. El liberalismo español, triunfante al finalizar los años 30 del pasado siglo XIX, postuló la constitucionalización (separación y limitación) del poder, proceso en el que los Ayuntamientos y las Diputaciones deberían desempeñar una función representativa de primer orden. Javier de Burgos, a partir de criterios históricos, geográficos y culturales, supo interpretar nuestra multicentenaria tradición municipal-provincial con su célebre y plenamente vigente división territorial provincial. La Provincia, comunidad de municipios, instituida como Comunidad Autónoma plena supondría la culminación del proceso de descentralización territorial del poder estatal, haciendo de nuestro país un organismo nacional de vitalidad uniforme en el que cada comunidad intermunicipal (la Provincia) disfrutaría de una plena autonomía administrativa gestionada por una ciudadanía más responsable y más identificada con su espacio público.

No es fecunda para nuestro progreso colectivo, nuestra libertad individual y nuestra convivencia, esta desdichada erupción de regionalismo radical, amparado en el desafortunado título VIII de la Constitución, ultrarregionalismo que aparece como una verdadera reedición actual de aquel «foralismo» insolidario que tan negativo resultó para nuestro desarrollo político contemporáneo. La insistencia en el ultrarregionalismo político (llamado ahora nacionalismo), debe ser considerada desde una óptica moderna como una verdadera retrogradación histórica, un retroceso político y cultural que tiende a la disgregación territorial y al fraccionamiento «tribal» de la soberanía nacional-popular.

Y que esos políticos separatistas e insolidarios no se amparen más en Europa como justificación de su pretensión tribal, inconstitucional y dudosamente democrática. Europa será lo que los pueblos europeos históricos (franceses, españoles, británicos, alemanes, italianos...) decidan; una Europa que, a partir del respeto a la libertad individual y su consecuencia política, la limitación objetiva del poder, se conformará muy probablemente como espacio común de naturaleza confederal, desde la garantía otorgada por sus consolidados y soberanos Estados constitucionales.



Ramón Peralta



 

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