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LA ASOCIACION, ANTE EL PROYECTO SOCIALISTA DE LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
La asociación “Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945)” de la Región de Murcia, en relación con la aprobación por el gobierno el pasado 28 de julio de 2006, del ahora denominado proyecto de Ley para la prolongación de reparaciones para las víctimas de la guerra civil y del franquismo
M A N I F I E S T A
La ley de reparaciones es necesaria para reconocer y compensar a las víctimas del franquismo, completamente olvidadas como consecuencia de los Pactos de la Moncloa y especialmente tras el decreto de amnistía de 1977, auténtica ley “de punto final” que consagró la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas y benefició más a los verdugos que a sus víctimas. El texto presentado por el Gobierno el día 28 de julio de 2006 presenta tales carencias y defectos que nos obliga a solicitar su retirada y sustitución por otro en el que tengan cabida las siguientes consideraciones:
1. NULIDAD DE LAS SENTENCIAS.- Al no contemplar el texto la nulidad colectiva de las sentencias de los tribunales que condenaron a ser fusilados a 179.000 republicanos, jurídicamente continúan siendo culpables de los delitos que les imputaron los tribunales militares fascistas, sin que se reconozca la ilegalidad de sus actuaciones y en consecuencia, que no haya lugar a reclamaciones económicas ni a la devolución de los patrimonios incautados. Pretende este proyecto de ley que sean los familiares y no el Estado, los que lleven a los juzgados la solicitud de nulidad de las sentencias, estableciendo injustas discriminaciones con aquellos republicanos asesinados que no tuvieron descendencia o que sus familiares se hayan desvinculado de su recuerdo.
2. FOSAS COMUNES Y DESAPARECIDOS.- La búsqueda de familiares desaparecidos, el levantamiento y recuperación de los restos de al menos 30.000 republicanos, sepultados en fosas comunes anónimas, es una función que compete al Estado y no a las asociaciones de Memoria Histórica, en aplicación de la legislación internacional que compromete a aquél en dicha función, aplicando carácter judicial a la investigación de crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Las exhumaciones no son cometido de voluntarios de fin de semana ni para campos de trabajo vacacionales. Sin la actuación judicial, las exhumaciones borran las pruebas de aquellos crímenes y son, a la luz de las leyes internacionales vigente, un delito.
3. SÍMBOLOS FRANQUISTAS.- El gobierno pretende comprometer a las instituciones autonómicas y locales para “rebajar” el número de los callejeros franquistas y para que retiren sus símbolos, cuando ya se ha comprobado la absoluta ineficacia de recomendaciones, como la realizada desde el Parlamento de la nación (declaración institucional de condena del golpe de estade 1936 de 07-11-02) o desde la propia Asamblea Regional de Murcia (18-12-02). Mucho más grave resulta el incumplimiento flagrante de la Ley 33/1981 del Escudo de España, que obliga a la retirada de los símbolos anticonstitucionales de todos los edificios públicos, como los que actualmente presiden las entradas al IES “José Ibáñez Martín” de Lorca (actualmente recurrido ante el Defensor del Pueblo), el edificio de Correos de Mazarrón, el cuartel de la Guardia Civil de Puerto de Mazarrón o el pórtico de la antigua biblioteca pública de Abarán, de titularidad municipal, entre otros existentes en la Región de Murcia. La Ley debe de ordenar imperativamente la desaparición de los callejeros urbanos de todas las referencias a personajes ligados ideológicamente al régimen franquista (1939-1975), incluyendo a alcaldes, concejales y otros cargos, y a cualquier referencia asociada al régimen, como asimismo, la de todos los símbolos franquistas cualquier que sea su naturaleza, que deberán ser conservados en lugares de exposición pública, como son los Museos de Historia o recintos similares.
4. EL VALLE DE LOS CAÍDOS.- La totalidad de las setenta asociaciones de Memoria Histórica existentes en España, ha exigido por escrito al gobierno la reorientación pedagógica del Valle de los Caídos con la desacralización del monumento, la retirada de los restos del general Franco y de José Antonio, fundador de Falange, y la reconversión de todo el complejo en un Memorial a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Nada de eso se contempla en el proyecto de Ley. El gobierno se conforma con que no se cante el “Cara al sol” en la explanada de la basílica al término de los funerales de cada 20-N y que la fundación que desde su creación se ha implicado activamente en la exaltación del franquismo y en la demonización de la República, se transfigure estatutariamente en adalid del reconocimiento “de los caídos de los dos bandos”, inútil propósito que golpea la inteligencia de los más crédulos bienpensantes.
5. GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS.- El proyecto de ley se olvida de los últimos defensores de la República: de los 5.000 guerrilleros antifranquistas, que mantuvieron la lucha armada hasta los años 60, y de los que apenas viven 40 en toda España, y de los casi 20.000 enlaces y puntos de apoyo de los que apenas sobreviven cien, a los que se les niega todo: desde el reconocimiento del carácter militar en su lucha contra la dictadura, hasta complementos de pensiones por el tiempo que combatieron y permanecieron exiliados sin poder normalizar su situación laboral. En derecho comparado, todos los españoles que combatieron contra los nazis con el maquis en Francia, han sido condecorados y reconocidos institucional y administrativamente como combatientes por la libertad de Francia y varios han sido distinguidos con la Legión de Honor. Aquí en España siguen teniendo el mismo apelativo acuñado por el franquismo para referirse a éllos: “bandoleros”.
6. RECONOCIMIENTO A LOS COMBATIENTES POR LA REPUBLICA.- Después de la guerra civil, la dictadura creo la Medalla del Excombatiente, siendo entregada a cuantos participaron en la contienda en las filas rebeldes. En este proyecto de ley no se dedica ni una línea a reconocer el sacrificio y el valor demostrado por cientos de miles de republicanos españoles, que entregaron su vida luchando en defensa del régimen legítimo republicano, gesto que debe ser contemplado en el articulado a los efectos de hacerles acreedores a éllos o como gesto simbólico, a sus descendientes, de una condecoración específica como símbolo de la supremacía de los valores democráticos que defendieron frente a un ejército fascista.
7. ARCHIVOS DE LA REPRESION.- El gobierno debería haber incluido en su proyecto de ley el fin de la actual jurisdicción militar o policial sobre fondos documentales como los archivos de causas de la guerra civil (los sumarísimos de urgencia) y los expedientes represivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, documentos que deberán entrar a formar parte de los Archivos Históricos Nacionales. En el texto se debería de haber contemplado el derecho de las víctimas, sus familiares y las asociaciones de Memoria Histórica, a disfrutar de todas las facilidades y a la gratuidad necesarias, para la gestión del acceso a la información y la obtención de copias de documentos probatorios, tanto para atender los derechos de las personas físicas solicitantes, como para proyectos de estudio y dignificación de la Memoria Histórica de las víctimas.
8. APOLOGÍA DEL FRANQUISMO.- Fuera del alcance de este proyecto de ley pero relacionado con el mismo, el Gobierno debe llevar al parlamento una iniciativa legislativa para declarar ilegales y tipificar como delito de apología del totalitarismo, a las organizaciones políticas, asociaciones, fundaciones o colectivos de cualquier tipo, que tengan por objetivos programáticos o encubiertos, la justificación o exaltación de personajes o ideologías totalitarias y excluyentes como el franquismo, declarando delito tipificado en el Código Penal sus actividades, así como la difusión de dichas ideologías por cualquier medio y bajo cualquier soporte material o telemático.
9. DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA.- Para honrar la memoria de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, el gobierno debe establecer la fecha del 18 de julio como Día de la Memoria Histórica, fecha conmemorativa no festiva, en que se haría ondear la bandera nacional a media asta, en todos los establecimientos del Estado y se programarían actos oficiales de carácter conmemorativo.
CONSIDERACION FINAL
La asociación rechaza de plano el actual texto del proyecto de ley elaborado por el Gobierno y hace un llamamiento a través de los medios de comunicación, a los partidos y organizaciones de la izquierda, a las asociaciones de Memoria Histórica, a las instituciones públicas y civiles, organizaciones y colectivos sociales, para que el texto sea retirado por el Gobierno y sustituido por otro que no sirva para ofender una vez más la memoria de las víctimas, dejando de nuevo las heridas sin cerrar, si no que antes bien se contemplen las reparaciones propuestas no como un problema, si no como una SOLUCIÓN definitiva, tomando como referente un documento de importancia excepcional: el redactado por el Equipo Nizkor de Derechos Humanos “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, suscrito por 18 asociaciones de Memoria Histórica, entre éllas “Caídos por la Libertad”, que plantea todos los procedimientos de reparación de aquel conflicto y la posterior dictadura, en base a la legislación internacional vigente en la actualidad y que vincula en su cumplimiento al Estado español
Todo lo demás son parches vergonzantes que dejarían muchas heridas abiertas, permitiendo que los escasos supervivientes se marchen para siempre, llevándose consigo –como ya lo han hecho cientos de miles desde 1975- la amargura y la decepción de una democracia y de un gobierno, que no solo les olvida, si no que prolonga a perpetuidad esta injusticia histórica.
30 de julio de 2006
La Junta Directiva
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"A los artilleros españoles" Así rezaba la inscripción en esta lápida, destrozada en una vandálica acción perpetrada en el cementerio de Montjuich en Barcelona. Los falangistas de Murcia, adalides de la mentíra no solamente atribuyen al presidente de "CAÍDOS POR LA LIBERTAD" esta acción, si no que le señalan como promotor de la destrucción de los símbolos franquistas. Los visitantes de esta web podrán comprobar cómo a lo largo de sus contenidos, se hace expresa intención de la necesidad de conservarlos como signo emblemático de la implantación de un régimen totalitario, pero semenjante ejercicio de inteligencia queda fuera del alcance de estas "mentes rapadas", incapaces de entender nada que no sean los insultos, la mentíra o el blandir de banderas con astiles reconvertibles en bates de béisbol.
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"AZUL MAHON" el Huevo de la Serpiente
Cliqueando sobre esta línea entrerá en el procesolo mundo de la "revolución pendiente", lo que la Falange dejó a medias tras haber sido la principal protagonista de la represión franquista en la antígua provincia de Murcia. Los informes redactados por la Falange en todas las poblaciones de Murcia llevaron a varios cientos de murcianos a ser fusilados entre el 29-03-39 y el 04-01-45. La asociación tiene los documentos escaneados.
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LOS INFORMES DE FALANGE ESPAÑOLA significaron para miles de murcianos torturas, hambre, cautiverio, destierro, marginación y en muchos casos, la muerte por fusilamiento en las tapias de los cementerios de Murcia, Cartagena, Lorca y Totana o en tíro en la nuca en las márgenes del río Segura a lo largo de sus meandros en la huerta.
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AMENAZAS E INJURIAS CONTRA "AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD" Y SU PRESIDENTE DESDE UNA WEB FALANGISTA:
La dialéctica de la violencia (verbal, de momento) parece ser el único lenguaje que esta mesnada de fascistas murcianos tienen para promover su "programa".
En texto que seguidamente se ofrece, el lector advertirá el lenguaje zafio y agresivo con el que el autor vierte toda clase de mentíras y descalificaciones.
Esta web, además de ser ILEGAL, al no citar los requisitos de identificación a que obliga la LSSI actualmente en vigor, constituye todo un ejemplo de los modos y las formas de la ideología falangista que acabó con la vida de cientos de murcianos ante las tapias de los cementerios murcianos al término de la guerra civil.
La asociación ya ha tomado medidas para corregir esta agresión.
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MANDOS PROVINCIALES DE LA FALANGE DE MURCIA (FEBRERO DE 2005)
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WEB FASCISTA DE MURCIA (FALANGE)
Cliqueando sobre esta línea, podrá acceder a un artículo de amenazas y mentíras sobre la web y sobre la persona del presidente de la asociación "Amigos de los Caídos por la Libertad"
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AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA.- 19 de abril 2005
Comunicado de Prensa de la Audiencia Nacional con relación a la sentencia en el caso Scilingo.
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El Tribunal condena a Adolfo Scilingo como autor responsable de un delito de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código Penal actualmente vigente, con causación de treinta muertess, una detención ilegal y tortura, a 30 penas de 21 años de prisión y dos penas de 5 años, con un límite de cumplimiento total de penas de 30 años.
La convicción judicial sobre la culpabilidad de Scilingo se ha sustentado fundamentalmente en sus propias declaraciones judiciales prestadas ante el Juez de Instrucción a su llegada a España, aunque se retractara después de ellas en el juicio. El Tribunal ha contrastado dichas declaraciones con toda la prueba testifical practicada y documentos, tales como cartas remitidas a diversas personas públicas argentinas por el acusado en distintas fefchas, etc...; llegando a la conclusión de que debería dar mayor credibilidad a esas declaraciones judiciales previas, que, por otra parte, expresan hechos que resultan contrastables con otros medios probatorios.
La sentencia no rectifica la calificación jurídica anterior como delito de genocidio, sino que considera que en este momento resulta más adecuado calificar el hecho como delito de lesa humanidad.
El Tribunal estima que los delitos contra la humanidad están vigentes y forman parte del derecho penal internacional desde el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y que dicha idea se ha ido consolidando desde entonces.
El actual Código Penal con vigor desde el 1 de octubre pasado recoge expresamente este delito -delito de lesa humanidad- como un tipo más amplio que el genocidio, que queda reducido ahora a situaciones muy específicas que estima el Tribunal que no se dan en el presente caso.
La característica más importante de los delitos cohntra la humanidad es su perseguibilidad universal. Por lo que al no haber sido los delitos causados durante la dictadura militar perseguidos en Argentina, ni tampoco quedar actualmente bajo la cobertura del Tribunal Penal Internacional, también por existir víctimas españolas en la Escuela de Mecánica de la Armada y encontrarse además Scilingo sujeto a la justicia española, es po lo que la justicia española es competente para su enjuiciamiento.
Madrid, 19 de abril de 2005.
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HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO DE MANRESA Y DE LA COMISIÓN PARA EL HOMENAJE A LOS SOLDADOS REPUBLICANOS FALLECIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL EN EL HOSPITAL MILITAR DE MANRESA. Se ofrece seguidamente la relación de los militares republicanos murcianos cuyos restos descansas en la Fosa Militar de Manresa, rogando su máxima difusión en la Región de Murcia para que pueda llegar esta información a sus familiares. Por vía telefónica, la asociación tratará igualmente de contactar hasta donde le sea posible.
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COMUNICADO DE "AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD" EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN PLANTEADA A PROPÓSITO DE LOS FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA.
Esta Asociación ha suscrito el siguiente documento:
Declaración "Archivos e impunidad"
Ante la situación creada por los denominados "Papeles de Salamanca", queremos hacer pública nuestra opinión como organizaciones de derechos humanos, de libertades civiles y de víctimas del franquismo.
1) La cuestión de los archivos no es una cuestión secundaria y de menor importancia; los archivos, sean estos del tipo que sean, forman parte de la historia y, en este caso, de la historia de la opresión y como tal son patrimonio de todos.
2) Toda solución a la cuestión de los archivos de la represión franquista tiene tres aspectos que son condición necesaria:
a) La jurídica; b) La técnica y metodológica y, c) La caducidad temporal de los soportes documentales.
3) El modelo de impunidad impuesto por la denominada transición dejó sin resolver, entre otras muchas cuestiones relacionadas con las víctimas de la represión franquista y del Golpe de Estado de 1936, la cuestión jurídica de los archivos.
La no resolución de esta cuestión era una condición necesaria para no permitir el acceso a la justicia de las víctimas, para permitir la desaparición de pruebas fundamentalmente del aparato del entonces denominado "Movimiento Nacional" y de los servicios de inteligencia franquistas, y para permitir el control político y social de la verdad histórica.
4) Uno de los aspectos no solucionados reside en los delitos de saqueo cometidos en contra de instituciones democráticas, de organizaciones políticas y sociales y de personas individuales. Estos delitos de saqueo incluyen entre otros a los archivos documentales.
5) Este tipo de delito no prescribe en la medida en que forma parte de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista.
6) El documento de Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 , contiene dos definiciones que consideramos necesario recordar al Gobierno español y a todos los implicados en la cuestión de los archivos:
a) El derecho a saber: no se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo".
b) El deber de recordar: El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.
7) Por lo que se ha informado, la cuestión de los "papeles de Salamanca" se refiere únicamente a los fondos documentales de la Generalitat de Catalunya anteriores a 1939 y que físicamente están comprendidos en 507 cajas de las aproximadamente 20.000 que integran el Archivo de Salamanca.
8) Es evidente que, independientemente del derecho jurídico que asiste a la Generalitat de Catalunya, no se está dando una solución integral y concordante con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte del Gobierno, dando lugar por lo tanto a un claro incumplimiento de su responsabilidad única frente a las víctimas de los delitos de saqueo cometidos y que son la base de la constitución de dicho archivo, lo que tiene como consecuencia una discriminación más a las víctimas del franquismo, confirmando la sistemática negación del derecho a reparación y restauración de los daños.
9) El Gobierno tiene la obligación jurídica y constitucional de representar a todas las víctimas en la medida en que tiene la obligación de garantizar el usufructo de los derechos humanos y la observancia de las convenciones internacionales de derechos humanos, tal cual reconoce en forma expresa la vigente constitución.
Esta garantía es más perentoria si cabe, en la medida en que muchas de las víctimas no cuentan con posibilidad alguna de representación jurídica, dado que se acabó física y jurídicamente con ellas, sin que el Estado haya proporcionado un recurso jurídico efectivo que diera lugar al resarcimiento y restauración de derechos que no son renunciables, ni negociables, ni siquiera por los herederos legales de las víctimas, ya que forman parte indelegable de los derechos humanos y civiles violados y, sólo después de su restauración, los herederos podrían disponer el destino final de los fondos saqueados.
10) Preocupa a las organizaciones firmantes que no se tomen medidas adecuadas para la recuperación de los soportes físicos de todos los archivos, en la medida de que la vida media útil del papel que los soporta está vencida o próxima a vencer.
Esto significa la práctica destrucción de los materiales archivados o, en el mejor de los casos, la declaración de su inaccesibilidad pública.
No hay ninguna razón técnica ni económica que justifique esta lenidad estatal y gubernamental que, a nuestro entender significa un intento más de consolidación del modelo de impunidad implantado y es una violación flagrante al derecho individual y colectivo a la verdad y la memoria.
10) Reiteramos nuestra posición recogida en el documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" de que se debe proceder a legislar para que sea posible el inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.
Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.
Toda otra medida de carácter administrativa o de oficio no puede ser admitida en un estado de derecho y es, a nuestro entender, una acción más de obstrucción a la justicia y de consolidación del modelo de impunidad español.
Por ello, nos parece que la actuación de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos con relación a estos temas no son concordantes con sus obligaciones como responsables de garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
Es responsabilidad de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios tomar las medidas necesarias para que los archivos de la opresión sean conservados, tratados y utilizados en condiciones materiales seguras, enmarcados en medidas legislativas y reglamentarias que protejan tanto los intereses del Estado como los de los ciudadanos.
11) Los medios científicos y técnicos actuales permiten poner a disposición de todos los ciudadanos los materiales documentales de cualquier tipo de archivos y, obviamente, los de la represión franquista, incluso con técnicas que permiten la consulta en tiempo real a través de redes informáticas públicas o a través de la red Internet, como ya han hecho, o están haciendo, numerosos centros documentales relacionados con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de los campos de concentración y del exterminio nacionalsocialista.
Las tecnologías de digitalización y de tratamiento masivo de información permiten solucionar racionalmente la cuestión de la disponibilidad, de la caducidad y de la duplicidad de material documental como forma de dar solución a todas estas cuestiones. Estas técnicas podrían ser utilizadas, además, para una adecuación científico técnica de todos los archivos estatales.
Muchas declaraciones públicas y posiciones con relación a esta cuestión reflejan una manifiesta ignorancia, una clara y a veces premeditada confusión de causas y efectos, un desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que la Constitución en vigor obliga a cumplir y que, por consiguiente, conforman un discurso que lleva la confusión a los ciudadanos y que no se corresponde con el tratamiento que se debe dar a cuestiones de esta índole en un estado de derecho, provocando una clara violación de los fundamentos de las libertades civiles y los derechos humanos.
12) Por último, queremos expresar una vez más que nuestra finalidad como organizaciones de derechos humanos, de libertades civiles y de víctimas del franquismo no es en ningún caso la venganza, la restauración del discurso dialéctico de amigo-enemigo o de la guerra, sino la necesidad de que la reconciliación de todos los españoles se lleve a cabo en un marco de justicia y de respeto a los derechos humanos y las libertades civiles que sólo es posible en un marco de verdad, justicia y reparación que ponga término al modelo de impunidad existente.
Madrid, 1 de enero de 2005
Presentan la declaración "Archivos e Impunidad"
afarIIREP (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta.
Agrupación Grajero, Mario González Osorio, presidente.
Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia. Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
Equipo Nizkor, Gregorio D. Dionis, presidente.
Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.
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Sargento de la División Azul, 250 de la Wehrmacht, Luis Salamanca juró fidelidad al Führer en julio de 1941 antes de marchar al frente ruso. Fue condecorado con la Cruz de Hierro, insignia que ostentaba, cruz gamada incluída, en el palco de invitados por el ministro de Defensa socialista José Bono al Desfile. Es miembro activo de la Fundación de la División Azul, institución de inspiración filonazi que se ha confesado muy satisfecha por este homenaje que le dedica las Fuerzas Armadas españolas a una unidad formada en su mayor parte por voluntarios falangistas a las órdenes de Hitler.
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EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE EN MADRID - La cuestión del desfile militar es una respuesta indigna a todas las víctimas de la guerra civil.
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Pocas veces en el trabajo de derechos humanos surge tan claramente la necesidad de conceptualizar un conflicto que significa, en sí mismo, una violación del derecho internacional de los derechos humanos y de las libertades civiles. Nos referimos al conflicto materializado por el Ministro de Defensa, José Bono ,y diversos miembros del Gobierno español en los días previos y posteriores al desfile militar del “Día de la Hispanidad” o “Fiesta Nacional”.
El Ministro de Defensa, José Bono, y el Gobierno español se encuentran en una posición indigna, que afecta a la legitimidad del poder público y más aún en un estado de derecho, y se encuentran en tal posición por propia decisión y sin que haya habido una situación previa que la prensa y los medios de comunicación hayan reflejado.
Simplemente los medios de comunicación no reflejan la realidad de un debate que está instalado en toda la sociedad española y que es bien conocido por parte del Gobierno, dado que organizaciones de víctimas y derechos humanos han mantenido reuniones en sede parlamentaria, tratándose por tanto de reuniones públicas y oficiales, reuniones que no han sido recogidas por ninguno de los medios de comunicación públicos o privados.
Esta situación es sólo una demostración más, de que en muchos casos la realidad no pasa por los medios de comunicación, sino que éstos construyen una realidad mediática que, como en este caso, hace aparecer al Ministro Bono y al Gobierno en una situación de esperpento.
El Ministro José Bono, representa la opción del gobierno que ha decidido hacer frente a la posición conjunta de la práctica totalidad de las organizaciones de víctimas de la guerra civil manteniendo un discurso que deja de lado el derecho internacional de derechos humanos y la propia legalidad internacional.
Para ello se hizo uso de un desfile militar con el cual manipular las emociones públicas y todo ello porque “Conviene a sus propósitos [los del Gobierno] el exhibir las consecuencias omitiendo sus causas. En eso consiste uno de los recursos del drama. Si se exhibieran los crímenes de los hombres al mismo tiempo que sus sufrimientos, el efecto escénico se destruiría fácilmente y el público se sentiría inclinado a aprobar, cuando no se desea más que su conmiseración”. [Palabras tomadas del discurso de Thomas Paine “Los derechos del hombre”, en nombre de la Asamblea Nacional francesa en respuesta a Edmund Burke en 1791]
Consideramos que la situación es de indignidad por lo siguiente:
1) El Ministro Bono falta a la verdad cuando dice que las víctimas estaban representadas en el acto militar del 12 de octubre de 2004.
En dicho acto no estuvo representada ni una sola de las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil española ni de la II Guerra Mundial, y ello a pesar de que existen decenas de ellas en el Estado español y en el exterior.
2) El Ministro José Bono y el Gobierno han trasladado a la esfera militar el discurso de la reconciliación y de la recuperación de la memoria de las víctimas, tanto de la guerra civil como de los españoles que han muerto en el exilio, luchando en la II Guerra Mundial o en los campos de exterminio nacionalsocialistas o los que han sufrido el largo exterminio franquista y sus consecuencias sociales; con esto han incurrido en un acto de gran miseria moral, de una falta de ética que no tiene parangón y que, además, significa un escarnio para las víctimas y una suerte de intento de intimidación al renaciente discurso de las libertades civiles que el reconocimiento de las víctimas significa en todo país libre.
3) El Gobierno ha eliminado del discurso “la rehabilitación jurídica de las víctimas”, como queda claro si comparamos el comunicado oficial de la presidencia del Consejo de Ministros de 10 de septiembre de 2004, con el decreto de creación de la “Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”, publicado en el BOE de fecha 20 de septiembre de 2004.
Es obvio que esa diferencia tiene un valor cualitativo. Refleja que en el seno del Gobierno triunfaron quienes se opusieron al análisis jurídico y garantizaron la implementación de otro discurso alternativo.
Hoy no tenemos ninguna duda acerca de cuál es el discurso y de quiénes lo representan. Han quedado reflejados en decenas de horas de publicidad televisiva y de utilización de los medios de comunicación de todo tipo y los nombres están en la mente de todos los ciudadanos españoles, muy especialmente de las asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos, tanto del Estado como del exterior.
4) La indignidad del Ministro de Defensa José Bono surge con total transparencia de sus declaraciones realizadas en el programa de Televisión Española “Los desayunos de TVE”, que reproducen los medios de prensa de todo el estado en sus ediciones del día 14 de octubre de 2004.
Dice el Ministro de Defensa, José Bono, en su defensa, que la presencia simbólica de la División Azul en el desfile mencionado se debe a que la Constitución "garantiza la igualdad de todos los españoles".
5) El Ministro José Bono, como todo funcionario público, no puede utilizar su ignorancia como atenuante de ninguna de sus acciones, y menos aún cuando éstas reflejan un discurso violatorio de las libertades civiles y los derechos humanos.
El Ministro sabe, o debería saber, que la igualdad de todos los españoles es ante la ley; ése es precisamente el problema.
Lo que el Ministro obvia en su discurso es su obligación, como integrante del Gobierno que representa al Estado español, de respetar el derecho internacional.
Eso es lo que no ha ocurrido con la presencia simbólica de la División Azul.
Y eso está también reflejado en los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución española. (“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”, y “ Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”)
5) Pero el asunto es más grave porque esta cuestión no es competencia del Ministro de Defensa en ningún país que respete el estado de Derecho, y menos aún de ningún General a cargo del Estado Mayor .
Un Gobierno sólo debe garantizar el ejercicio de los derechos y la defensa de las libertades civiles, cosa que no ha ocurrido en este caso en la medida en que no se han respetado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que obligan al Estado y al Gobierno desde una fecha tan lejana como 1946, ni las sentencias del Tribunal de Nuremberg.
Lo que se ha escuchado aquí es el sonido del silencio aprobatorio del Fiscal General del Estado, del Ministro de Justicia y del Presidente del Gobierno.
6) El tratamiento de las víctimas no es producto de la conmiseración del estado, es producto de las normas internacionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, tal tratamiento no es posible dentro del marco militar, sino en el de aplicación del derecho a la justicia y del discurso moral necesario para que un estado garantice que los crímenes contra la humanidad cometidos, no vuelvan a ocurrir. No hay nada más aberrante que trasladar esta discusión sobre los derechos de las víctimas al seno de un acto castrense en lo que pretende ser el “día nacional español”.
7) El Gobierno sabe, o debería saber, que desde la aprobación de la Constitución los actos jurídicos del franquismo son ilegales y ello por tres motivos a) porque así surge del derecho internacional que emana de las convenciones y las normas aprobadas por las Naciones Unidas; b) porque así surge de las Sentencias del Tribunal Internacional de Nuremberg , de las cuales se subrogó el Estado español, al igual que todos los Estados agrupados en torno al sistema jurídico de las Naciones Unidas y c), porque la Disposición Derogatoria de la Constitución española de 1978, en su punto tercero, dice textualmente: “Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.”
8) Por todo ello, la presentación simbólica de la División Azul no es una cuestión a dirimir dentro del ámbito de un discurso militarista que creíamos olvidado y que, desde luego, intimida y asusta a los ciudadanos que sí tienen memoria de lo ocurrido en los últimos 65 años en España.
El reconocimiento simbólico a la División Azul lo es a una unidad militar que integró las fuerzas condenadas por cometer crímenes contra la paz por parte del Tribunal de Nuremberg y por varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad.
Y el Gobierno sabe, o debería saber, que los crímenes contra la paz son un tipo penal que está por encima del crimen de genocidio y, por lo tanto, son delitos imprescriptibles y no amnistiables en ningún sistema jurídico.
El señor Ministro de Defensa y el Gobierno tienen la obligación, como agentes del Estado, de dar cumplimiento a las normales legales de rango internacional e interno, y de proteger a las víctimas de estos crímenes.
Eso es precisamente lo que no ha ocurrido en este caso.
9) El Gobierno tiene conocimiento fehaciente, en términos jurídicos, de lo que las asociaciones de víctimas reclaman, que no es más que exigir que el Estado deje de actuar en un claro incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a la justicia y proceda a llevar adelante todos los actos jurídicos y judiciales necesarios para que sea verdad que todos los españoles son iguales ante la ley.
Y un Gobierno no tiene ninguna manera de obviar su responsabilidad en la vulneración de principios constitucionales y de Derechos Humanos que derivan de las convenciones internacionales, a las que se ha ignorado y omitido.
El Gobierno sabe, o debería saber, que la omisión es un delito cuando la responsabilidad es gubernamental o judicial.
10) La situación creada tiene además unas implicaciones éticas, morales y políticas que deben ser motivo de la exigencia de depuración de la responsabilidad política y/o jurídica que corresponda, por lo que demandamos que el Parlamento, sede de la voluntad popular, tome las medidas previstas en un estado de derecho para que éstas se depuren.
Equipo Nizkor
Madrid, 14 de octubre de 2004
Firman:
AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo).
Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia.
Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio).
Asociación Manuel Azaña.
Equipo Nizkor
Fundación Luis Bello
Fundación Joan Peset
Instituto Republicano de Derechos Humanos.
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"UN PASO MAS" - EDITORIAL DEL DIARIO "EL PAÍS" DE 12/09/04
El Gobierno socialista ha dado un paso imprescindible para desagraviar a las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Parece increíble que pasados ya 65 años desde el final de la contienda fratricida y a casi tres décadas de la muerte del dictador, todavía sea necesaria una especial dosis de valor cívico para plantear el reconocimiento -y a veces simplemente el conocimiento- de quienes perdieron incluso la vida en defensa de la legalidad constitucional. Toda transición política exige reconciliación y precisamente por ello hay que borrar de una vez la sombra que ha convertido en invisibles a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista que le sucedió.
La decisión del Gobierno de crear una comisión interministerial ante la que puedan formular sus reivindicaciones las asociaciones de familiares pretende rehabilitar moral y jurídicamente a las víctimas de aquellas atroces circunstancias, con el objetivo de reparar la dignidad y restituir la memoria de quienes sufrieron cárcel, represión o muerte por sus ideas, pero también de habilitar compensaciones económicas. Era una promesa contemplada en el programa electoral del PSOE que el Congreso convirtió en proposición no de ley, a propuesta de los grupos minoritarios y con la abstención del PP. En ella se insta a la Administración a mejorar el tipo de asistencia económica a las víctimas del franquismo.
El Gobierno de José María Aznar puso mil trabas para que se creara semejante comisión y consideró cerrado el asunto con la histórica condena del golpe franquista, aprobada por el Parlamento en noviembre de 2002. No pocas de las recomendaciones recogidas en esa decisión quedaron, sin embargo, en papel mojado, por ejemplo las ayudas a los familiares que quieran reabrir las fosas de la guerra y recuperar los restos de sus seres queridos.
Y hoy está plenamente justificado, a la vista de todo ello, preguntarse si se han hecho los esfuerzos suficientes para alcanzar una total reconciliación entre españoles. Probablemente lo logrado es bastante, pero no por ello deja de sorprender la lentitud con la que se ha procedido. No se trata de reabrir cicatrices, sino de hacer justicia y recuperar la memoria histórica de todos. Es hora ya de que los archivos civiles y militares sobre la guerra y la dictadura -incluido el de la Fundación Franco- se abran a los investigadores sin distinción ni privilegio. Las nuevas generaciones de españoles tienen derecho a conocer una historia no demediada.
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CARTA REMITIDA A LOS DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL, 23 DE JUNIO DE 2004
Estimado diputado-a:
La asociación que represento, “Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945) - Región de Murcia” fue fundada en agosto de 1995, en torno a la Memoria Histórica de “los fusilados del franquismo”, por un numeroso colectivo de familiares de las víctimas al que posteriormente se han venido uniendo personas que, sin tener relación familiar con aquellas, han sido conscientes del deber de recuperar su memoria por razones de coherencia ideológica y de justicia moral e histórica.
Desde 1998 y a petición de los familiares, conseguí tras no pocas gestiones ante la autoridad judicial militar, autorización para consultar el Archivo de Causas de la Guerra Civil dependiente del Juzgado Togado Militar Territorial nº 14 de Cartagena, hasta que por un subterfugio argumental actualmente recurrido ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, fue suspendida esta consulta en abril de 2002, alegando deleznables razones de “desorden archivístico” que yo mismo denuncié en 1998, pero que no impidió mi trabajo de investigación por no responder este a una metodología de revisión numeral de los expedientes, si no a su lectura e interpretación, uno por uno; una escandalosa obstrucción a la investigación que, para no distraer su atención, dejo para otra oportunidad. El citado Archivo contiene un inmenso volumen de expedientes judiciales (los tristemente conocidos como “Sumarísimos de Urgencia”) que excede el número de 14.000, habiendo llegado a revisar hasta el nº 6.583.
Este programa de investigación cuenta con la supervisión científica del Departamento de Historia Contemporánea de España y de América de la Universidad de Murcia del que es directora la Dra. Dª Encarna Nicolás Marín (Tf. 968 364230) y tiene por objeto llegar un importante vacío historiográfico como es la cualificación y cuantificación de la represión franquista en la provincia de Murcia entre el final de la guerra y enero de 1945, en que tuvo lugar la última ejecución por motivos políticos relacionados con la Guerra Civil.
Este proyecto, sin parangón alguno hasta el momento, supone el mayor esfuerzo investigador realizado en España para estudiar, desde los propios documentos inquisitoriales de la justicia militar franquista, lo que no fue otra cosa que una auténtica operación de exterminio físico y moral del adversario ideológico.
Enfrentarse durante cinco años a cinco horas seguidas de consulta, dos veces por semana, a la trascripción de los cuarenta y ocho “campos” con valores estadísticos considerados en cada expediente, así como a plasmar una síntesis argumental de cada proceso, me ha permitido alcanzar una perspectiva cognoscitiva del hecho represivo que, aunque referido a una sola provincia española, permite extrapolar conclusiones válidas para el resto del territorio español, al evidenciar –hasta probándolo documentalmente- el carácter de prevaricación permanente de los tribunales militares, incluso por la no observancia del propio cuerpo legal aplicado..
Ratificado por otra línea de trabajo que he llevado adelante en forma paralela: la recogida de los testimonios orales de los supervivientes, permitiría extenderme en narrarle el cuadro escénico de la propia instrucción de unos Sumarísimos, realizada sin garantía procesal alguna; siendo analfabetos una parte muy importante de los procesados, estampan su huella dactilar sin que le sea leída su declaración autoinculpatoria obtenida con la aplicación de torturas físicas y psicológicas, comúnmente ejecutadas a manos de agentes de Falange, "habilitados para la toma de declaraciones en los Juzgados Militares de instrucción” como práctica sistemática. En no pocos casos, existe constancia documental del ingreso de los detenidos en hospitales penitenciarios como consecuencia de los malos tratos.
El carácter terrorista de esta represión judicial realizada por los tribunales militares, no pretendía establecer principio alguno de esclarecimiento, justicia ni objetividad, si no servir de herramienta a la implantación del nuevo régimen mediante la extensión del Terror entre una población mayoritariamente hostil al régimen vencedor, circunstancia que ha sido sobradamente demostrado por la moderna historiografía e incluso por recientes declaraciones de magistrados del Tribunal Supremo, que Vd. no desconoce.
La razón por la que comparezco ante Vd., estimado Diputado-a, es expresarle la preocupación del amplio colectivo de familiares de las víctimas del franquismo que represento y la mía propia, como investigador atento y necesariamente documentado, ante la tibia receptividad -hasta llegar al incomprensible rechazo manifestado-, con que el Grupo Socialista parece haber acogido las Proposiciones No de Ley que desde diferentes direcciones han sido llevadas a discusión, ante las comisiones oportunas y ante el pleno de la Cámara, en orden a solicitar la ANULACION DE LAS SENTENCIAS de los tribunales franquistas en procesos que tuvieron como base cargos penales de naturaleza política.
En su momento, esta asociación presentó ante el Grupo Parlamentario Socialista una batería de propuestas relacionadas con esta petición de anulación de sentencias que no mereció ni un cortés acuse de recibo, lo que por la naturaleza del tema expuesto y las personas que lo solicitan, nos ha producido una gran desazón..
Comparezco ante Vd. y ante su Grupo Parlamentario en mi calidad de presidente de la asociación de “Amigos de los Caídos por la Libertad” y al propio tiempo, con el Conocimiento que me aportan MILES DE HORAS dedicadas a la investigación y análisis de la represión franquista, para rogarle que haga cuanto en su mano esté para que este clamor, sordo por el momento, que surge desde el seno de decenas de miles de familias españolas que han sufrido el desgarro del fusilamientos, torturas, hambre, enfermedad, exilio o destierro, puedan ver reparada de alguna manera las consecuencias de aquella tragedia, comenzando con la ANULACION DE SENTENCIAS, llenando de contenido la Declaración Institucional de 20 de Noviembre de 2002 y haciendo creíble la sinceridad de la misma y del posterior Acto de Homenaje a las víctimas del franquismo que tuvo lugar el 1 de Diciembre de 2003 en el propio Congreso de los Diputados..
No se trata únicamente de pedir la publicación en el BOE de una disposición oficial genérica derogatoria si no de la expedición, por el órgano del Estado que corresponda, de un documento con formato de Título que acredite nominalmente dicha nulidad de procedimiento, para que en base a dicha resolución se contemplen las reparaciones a que en justicia haya lugar, legislando y promulgando las oportunas consignaciones económicas con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Me pongo a su completa disposición para aclararle cualquier aspecto contenido en este escrito y créame que si cada diputado del Parlamento me acompañase una mañana en la lectura de un par de “Sumarísimos de Urgencia” y experimentase la conciencia de la perversidad intrínseca encerrada en la redacción de sus inicuas sentencias, es muy probable que se sentiría como el más acendrado valedor de la justicia de lo solicitado.
Le agradecería tomase en consideración este escrito y confiamos en merecer y recibir la expresión de su personal posicionamiento ante esta cuestión.
Floren Dimas Balsalobre
Investigador Nº 004000199
Presidente regional
COMENTARIO.- A fecha de hoy, ningún grupo parlamentario, ni ninguna diputada o diputado de los grupos socialista y de IU, ha tenido a bien responder a esta carta. Confiamos que la recientemente constituída Comisión interministerial para la Memoria Histórica el 10/09/04, contemplará las propuestas que se elevaron en el escrito en cuestión.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS REPRESALIADOS DE LA II REPÚBLICA - ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL
COMUNICADO DE PRENSA
La Asociación de Familiares y Amigos de los Represaliados de la II República y la Asociación de Descendientes del Exilio español creen necesario pronunciarse sobre la emisión realizada, el 28 de enero, del documental de TVE titulado Las Fosas del Olvido.
El 27 de diciembre de 2003 asistimos y participamos en la reunión sobre las exhumaciones de los restos de los republicanos asesinados durante la llamada guerra civil, convocada en los locales del Ateneo de Madrid. En dicha reunión, en la que estuvieron presentes diversas asociaciones preocupadas por la conservación de la memoria de la República, la Guerra y la Dictadura fascista, expusimos con claridad nuestra posición sobre la necesidad de conservar las fosas como lugares de la memoria –una memoria dolorosa- de la izquierda española (1)
En un reciente comunicado solicitamos a las personas de izquierda que previsiblemente verían el documental de TVE denominado “Las Fosas del Olvido” que analizaran si los desenterramientos y el concepto de "entierro digno" e individual que propugna la ARMH lo que pretende en realidad es hacer desaparecer esos lugares de la memoria colectiva de la represión franquista.
Expusimos nuestra preocupación por el hecho de que los restos de la gran mayoría de los restos exhumados están actualmente almacenados en locales de universidades sujetos a manipulaciones y estudios arqueológicos o antropológicos, pendientes de su traslado a nichos anónimos de los cementerios, y de que gran parte de los reinhumaciones se están llevando a cabo por el rito católico, por decisión de algunos familiares, sin que estemos seguros de que se hayan respetado realmente las posibles creencias laicas de los republicanos asesinados y sin que la Iglesia Católica española, hasta la fecha, haya pedido perdón público por su negativo papel durante la guerra civil.
Señalamos también que la exposición pública, a través de los medios de comunicación, de los restos de los republicanos asesinados no respeta la dignidad y el honor de los muertos y de los vivos y que en realidad desvía la atención de la opinión pública sobre el hecho realmente importante: el asesinato y desaparición de los demócratas españoles por el régimen militar franquista, su militancia y su historia sindical y política y las razones o causas por la que fueron represaliados.
La ARMH ha convocado públicamente a las personas de izquierda a ver el documental “Las Fosas del Olvido” que sitúa falsamente y de forma confusa en el mismo lugar de responsabilidad, frente a los asesinatos, al régimen constitucional surgido de unas elecciones democráticas que a través de sus poderes inició procedimientos judiciales y condenó a los individuos y grupos que actuaron de forma descontrolada, en la medida que le permitió el desarrollo y duración de la contienda militar. En ningún momento se expuso en el documental que la represión fascista obedeció a unas ideas y planes de exterminio desde la cúpula militar fascista de las personas que se destacaron por su compromiso social, militar o político con la República, ni se habló de la represión, del exilio y la cárcel posteriores a la guerra en la que también hubo numerosos asesinatos políticos.
Pensamos que si la mayor parte de las exhumaciones que propugna la ARMH siguen adelante, las futuras generaciones de ciudadanos españoles se encontrarán sin referencias geográfico-históricas sobre un periodo de su historia colectiva. Será entonces posible que los revisionistas de la historia de la derecha fascista afirmen que la represión no existió.
Miremos hacia los países democráticos que nos rodean y observemos con cuánto respeto y homenaje conservan la memoria de los lugares donde los demócratas combatieron y perdieron la vida en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Observemos también que en el tratamiento público que se ofrece a las jóvenes generaciones en los medios de comunicación y en la educación cívica sobre los sucesos europeos que conmocionaron a sus pueblos, no hay confusión entre quienes defendieron los principios de la Democracia y la Libertad y quienes por el contrario pretendieron llevar a sus países a la oscuridad.
Madrid, 29 de enero 2004
(1) En dicha reunión estuvo presente una representación de "Amigos de loa Caídos por la Libertad" que comparte el sentido de este comunicado.
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1 DE NOVIEMBRE 2003 - OFRENDA FLORAL EN EL PANTEON DE ESPINARDO (MURCIA)
Como todos los años, los familiares y amigos de los Caídos por la Libertad han acudido ante este referente histórico y sentimental a depositar sus flores, evocar sus recuerdos o reforzar sus convicciones a la vista del resultado de las ideologías intolerantes.
Miembros de la directiva se encontraron en el lugar de 10 a 14 horas como Punto de Información atendiendo a las numerosas personas que se acercaron a solicitar información, siendo masiva la afluencia de familiares de los Caídos que llegaron a cubrir el Panteón con un multicolor tapiz de flores de recuerdo y homenaje.
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FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO - DECLARACION ANTE EL PROGRAMA EN MARCHA DE EXHUMACIONES DE LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA.-
Finalizada la contienda, los vencedores supieron establecer un amplio soporte propagandístico y asistencial, elevando a la categoría de Gloriosos Caídos por Dios y por España, no solo a los que cayeron luchando voluntaria o involuntariamente contra el Ejército de la República, si no a las víctimas de la represión incontrolada en la retaguardia republicana. Para aquéllos hubo honores, funerales y monumentos; para sus hijos y viudas pensiones, becas, trabajo y un lugar en los cementerios a donde ir a depositar unas flores, encontrando en esta cercanía el bálsamo para consolar las ausencias. Para los miles de republicanos que debieron unir al amplio espectro de sus desgracias, la angustia sin medida de ignorar el paradero de sus familiares asesinados, solo hubo el desprecio y el olvido.
Aquellos políticos de la “transición”, lisonjeados hoy por una artificiosa operación que pretende fabricar una Historia “políticamente correcta”, y los líderes políticos de una amnésica izquierda parlamentaria, han permitido que esta ignominiosa capa de silencio envuelva la desaparición y ocultamiento en anónimas fosas comunes repartidas por toda España, de los cuerpos de miles de republicanos, hombres, mujeres y niños, civiles y militares, abonando las primaveras en las cunetas, en los prados y en pozos oscuros y recónditos.
La noticia que ha sacudido a la opinión pública española e internacional, de las acciones de localización y desenterramiento arqueológico que lleva a cabo desde hace unos meses la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), con sede en Ponferrada (León), ha impactado por la dureza de la realidad criminal que descubren, poniendo al descubierto el auténtico rostro homicida del franquismo.
"Amigos de los Caídos por la Libertad" se manifiesta solidaria con la iniciativa que lleva a cabo en toda España la asociación ARMH de Ponferrada (León). Un trabajo titánico que ha encontrado su recompensa al hacer despertar en toda España el interés y la sensibilidad hacia este inmenso drama, que se convierte así en una irrecusable prueba de cargo contra el régimen del general Franco y sus cómplices.
No obstante, no podemos dejar de señalar que entendiendo natural y comprensible el deseo de los familiares de que, una vez identificados los restos, procedan a su traslado a nichos o panteones particulares, debemos promover una seria reflexión al respecto:
Tras años de sufrir en silencio la ausencia de un ser querido, arrancado de la vida por la fuerza del odio y la sinrazón, han seguido años de callada angustia y tristeza, en unos casos por el sentimiento de saber el paradero de unos pobres huesos cubiertos de tierra y maleza en un lugar abandonado y anónimo; en otros, por haber venido arrastrando durante décadas el lacerante dolor de no saber su paradero, sin tener un lugar ante el que buscar consuelo, dejar unas flores, derramar unas lágrimas y evocar su recuerdo.
Muy recientemente llega la noticia de que es posible recuperar aquellos restos en muchos casos, pudiéndose, en otros, intentar la búsqueda de su paradero. Una ilusión ilumina los rostros tensos de hijos y nietos, que desesperaban ya de rendir un postrer tributo a los que todo lo dieron por querer la Libertad.
Este es el momento en el que ante posibilidad de poder remover la tierra que ha guardado celosamente durante tantos años, la historia de una iniquidad, nos planteemos qué hacer para mejor honrar su recuerdo.
Lo instintivo, el impulso natural de una familia es volcar en un nuevo entierro en tierra cercana, todo el amor, la angustia, la nostalgia y el dolor acumulado durante años de silencio y de vacío. Pero surgen entonces nuevas preguntas:
¿Qué pasará con los restos de los que nadie reclame?
¿Cuál será el futuro de las fosas situadas en propiedades privadas el día en que se decida la construcción de un camino o una edificación?
¿Quién asumirá la responsabilidad de conservar el entorno en buen estado, aunque se coloque una placa de recuerdo?
¿Cómo proceder cuando unos familiares se opongan a que se manipulen los restos de sus muertos?.
Si se vacía una fosa ¿qué prueba se proyectará sobre el futuro para denunciar la barbarie asesina del franquismo?
Para dar respuesta a esta y otras preguntas, “Caídos por la Libertad” propone a los familiares y a las personas sensibles, que apoyen y se unan a esta propuesta:
1. Solicitar de las instituciones públicas competentes, las medidas legales oportunas señalando para las Fosas Comunes como un entorno delimitado y protegido por una resolución administrativa que impida su aterramiento o destrucción por los propietarios de los terrenos, (amparo inexistente en la actualidad en la mayoría de los casos).
2. Que por dichas instituciones se realice el levantamiento de la oportuna delimitación perimetral (valla o verja, etc) así como la ornamentación que proceda acorde con el hábitat: jardines, monolitos, lápidas, esculturas y cualquier otro recurso arquitectónico o artístico que sirva para dotar a este entorno de la dignidad que el lugar representa, permitiendo que los familiares, sus amigos y las personas que quieran en el futuro honrar la memoria de los que allí descansan, puedan hacerlo con la tranquilidad y el consuelo de saber que las fosas y sus seres queridos han pasado, de estar expuestos a los avatares de la ignorancia, el abandono físico del lugar, y del olvido, a ser reconocidos con sus nombres y apellidos inscritos en una placa y unidos en un entorno protegido, digno, accesible, reconocido y público.
3. Comprometer a la instituciones públicas y a los partidos políticos democráticos, en una operación institucional de ámbito estatal, para recuperar la memoria histórica de las víctimas del franquismo.
No basta con recuperar unos huesos, con identificarlos, con tener un lugar donde honrarles y recordarles. Es preciso recuperar sus vidas, sus esperanzas en el proyecto de una España republicana abortado por la sublevación militar de 1936. La asociación quiere instar a las administraciones, a la Universidad, a los colectivos cívicos a llevar a cabo una operación multidisciplinar para que nada se pierda: los testimonios, los documentos, la geografía de aquel genocidio: fosas, arquitectura carcelaria o relacionada con ella, etc. Todos estos elementos, debidamente conservados deber servir para componen lecciones de historia, de vida y de formación en ideales de solidaridad, pacifismo y tolerancia. Todo esto y mucho cabe ser puesto en marcha, en torno un referente de importancia excepcional: la Fosas Comunes Dignificadas.
Desde el respeto a la opción de cada familia solicitamos:
¡NO A LA EXHUMACIONES SISTEMATICAS DE LAS FOSAS!
¡SI A MANTENER UNIDOS A LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD!
¡SI A LA CONSERVACIÓN DE LAS FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO!
Enero de 2004
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DEBATE EN EL PARLAMENTO DE LA REGION DE MURCIA DE UNA MOCION SOBRE LAS FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO Y LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION.-
El 6 de Noviembre de 2002, el PSOE e IU presentaron en la Asamblea regional de Murcia una Moción para que el parlamento instase al Gobierno de Murcia a la localización de los familiares de los 51 republicanos fusilados en Cartagena en la posguerra, cuyos se encuentran en una sepultura común en el cementerio de Santa Lucía (Cartagena), promoviendo su exhumación y entrega a los familiares para un digno enterramiento. Igualmente, PSOE e IU solicitan que los expedientes judiciales de los murcianos pwerseguidos por el fraqnuismo, sean devueltos a los archivos murcianos.
El pronunciamiento del PP ha sino negarse a unirse a esta iniciativa, hasta tanto no sea debatido este asunto, actualmente en la Mesa de la Junta de Portuvoces de las Cortes, en Madrid.
COMENTARIO.- "Amigos de los Caídos por la Libertad" ya se ha pronunciado sobre la necesidad de coservar las fosas o enterramiento comunes, evitando la dispersión de los Caídos, pero dignificando el lugar mediante una construcción arquitectónica que, sin alterar la geografía del lugar exacto en donde se encuentren los restos, resalte arquitectónicamente el entorno del sitio, en recuerdo y honor de los que cayeron por defender la Libertad.
La desaparición de las fosas o enterramientos comunes equivale enterrar la memoria Histórica de las víctimas, haciendo desaparecer un referente moral y una lección de Historia.
Respecto a los "expedientes de la represión" la asociación aclara que no hay que solicitar que se trasladen a la Región de Murcia, ya que se encuentran actualmente dentro de ella -un error de bulto en el texto de la moción-. Solo hay que exigir su ordenamiento archivístico y puesta a disposición de los investigadores en libre consulta
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¿TIENE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA ALGUNA RESPONSABILIDAD EN LA INJUSTICIA DE LA PÉRDIDA DE LA MEMORIA HISTÓRICA?
LA NOTICIA:
POR RAZONES DE SALUD, HA SIDO LIBERADO EL NAZI FRANCÉS MAURICE PAPON, PARIS, CADENA SER, 18-09-02.-
Las puertas de la prisión parisima de La Santé se han abierno para el ex-jefe de la policía de Burdeos durante la II GM. Colaborador del régimen pro-nazi de Pétain durante la ocupación alemana, fue juzgado, declarado culpable y condenado a cadena perpetua, como responsable de la deportación a los campos de exterminio nazis, de 1.500 judios franceses entre 1942 y 1944.
Su puesta en libertad ha sido debida a que el asesino, de 92 años, padece una enfermedad terminal y su salud es muy precaria.
LA REFLEXION:
Durante la represión franquista (durante la guerra y la posguerra) TODOS los asesinatos cometidos en zona republicana fueron investigados y sus responsables fusilados (en una proporción escalofriante). Se salvaron de este castigo los que cayeron durante la guerra o terminaron sus días en el exilio (otra forma de severo castigo). Ningún asesino de los apresados, escapó con vida de los consejos de guerra, así como los inductores, encubridores, cómplices o los que simplemente “pasaban por allí”.
Durante la Ocupación de Francia por los nazis, muchos franceses afectos al gobierno colaboracionista de Vichy, realizaron toda suerte de tropelías, denuncias y asesinatos de sus propios compatriotas, enviando al paredón y dando muerte en los bosques y cunetas a miles de franceses, por resistirse a los dictados de Pétain, Laval, o de los amos alemanes. De una forma soterrada y cruel, Francia se dividió ideológicamente, desatándose una forma de guerra civil encubierta.
Pero, tras la Liberación de Francia, allí no hubo (como en España en 1977) ningún "Pacto del Elíseo" ni ningún Decreto de Amnistía y aunque podría argumentarse que el severo tratamiento que se dió a miles de franceses, fusilados desde 1944 en adelante por traidores y asesinos, fue debido a la "efervescencia" del momento, no deja de ser una excusa de los devotos de nuestra "Santa Transición", por cuanto esos juicios han proseguido hasta nuestros días.
Tan solo la abolición en los años 70 de la pena de muerte, les ha librado de la guillotina sin que la edad, como vemos en el caso de Papón, Eric Priebke o el "Carnicero de Lyon", les exima de la cárcel pese a su avanzada edad.
El mismo juicio a los dictadores australes (Pinochet, Videla, Massera, etc.) en los que un juez español ha actuado presentando cargos para su enjuiciamiento, habla de la necesidad moral de que no exista impunidad a los crímenes cometidos en nombre de Dios y de la Patria, no prescribiendo estos delitos.
Pero aunque el corazón de algunos nos pida justicia para los crímenes del franquismo, somos conscientes de que no existe en España el mismo grado de compromiso colectivo que ha habido (y hay) en países de nuestro entorno, con conciencia social democrática y unas convicciones de moral ciudadana basadas en un amplio conocimiento de aquellos acontecimientos históricos, desconocidos por la inmensa mayoría de los españoles, que propicien un movimiento reivindicativo en este sentido.
Jueces como: Amate Castellón, Anádón Mayayo, Diego, Aviles Lopez, Bellver Crespo, Camacho Blaya, Rafael - Of. 2º CJM (1939), Carreño Garrido, José Carrillo, José Carrión Soler, Francisco - Cap. Gdia. Civil (r) (1940), Crespo Colomer, Julio - Cte. Inf. (1939), Cutilla Vila, Dávila Dávila, Gaspar Domingo y Peón, Egea Garrigues, Fernández Prieto, Enrique - Tte. CJM (Lorca, 1939) Fernández, Enrique Fort Viso, Galván Cárceles, García de Arbolella, A. García Ratia, García Tomás, Gil Moreno, edro - Of. 3º CJM (1941), Gómez Ortiz, González Mariño. Imaz Echevarri, Jódar Toval, Juan - Tte. CJM (1940), Lledó, Anadón López Gil, Fernando - Tcol. Inf., Manzanal García, Manuel - Cap. Art.Marcos Gali, Manuel Martinez Martinez, Muñoz Villalonga, Navarro de Mora, Navarro, Ramón..., etc, etc. (relación propia del archivo de la Asociación, extraída en una investigación de siete años sobre máquina judicial asesina del franquismo), enviaron para ser ejecutados ante las tapias de los cementerios, a miles de españoles en razón de sus ideas. ¿Alguien les ha recriminado por ello? ¿Ha pedido alguno perdón a los familiares por su actuaciones homicidas...?
Ninguno de estos esbirros del Franquismo , ni de los MILES de "funcionarios" –elementos imprescindibles y, por tanto, responsables- de aquel Programa de Exterminio JAMÁS HAN MOSTRADO EXPRESAMENTE ARREPENTIMIENTO ALGUNO. Así, el empleo del término "reconciliación" nos produce náuseas, puesto en boca de aquéllos "próceres democráticos" y sus descendientes en las poltronas, que pactaron su mutua impunidad en 1977, porque les iba en ello su porción de la tarta del poder.
Mucho se ha hablado del peligro de la involución (posibilidad real) existente en aquellos momentos primeros, tras la muerte de Franco, pero cuya exhibición levantaba -como el calamar ante el peligro- una nube desorientadora de sus propias responsabilidades, poniéndose bien a cubierto gracias a la indulgencia de un país que ansiaba la Libertad. Aquella Izquierda, que no acababa de creerse lo fácil que las circunstancias les pusieron las cosas ante la parrilla de salida en la carrera por el poder, echó “pelillos a la mar” y pagó con la moneda ajena de tanto dolor en las familias de las víctimas y de los afectados supervivientes, la impunidad vitalicia del franquismo y asegurado su presencia en el reparto.
¿Perdonar a Papón y a los demás criminales nazifascistas aún en prisión...? Nada de eso. Tan solo el concepto humanitario de los regímenes penitenciarios de estos países vecinos y de sus sociedades, es lo que les permite respirar el aire de la Libertad que éllos negaron a los que enviaron a la muerte.
¿Perdón? ¿Reconciliación...? ¿Quién le ha perdido perdón a las familias de los fusilados, encarcelados, desterrados, torturados, expedientados de sus cargos y funciones, exiliados, asesinados por el hambre, la enfermedad o la tristeza entre 1936 y 1975...?
Quiénes no tienen la conciencia tranquila, o aquéllos que, por su ignorancia de los hechos o por su cinismo culposo, acusan de “rencorosos” o “revanchistas” a los que se atreven a pedir justicia, olvidan que países democráticos, a los que España quiere homologarse, sientan en el banquillo de los acusados a los responsables de aquellos crímenes de Estado cometidos en Francia, Alemania e Italia, hace casi sesenta años. Gracias a estos “asépticos” españoles, evaluadores laxos del sufrimiento ajeno, nos enteramos que los gobiernos pasados y actuales de estos países mencionados (a los que habrá que unir los de Chile y Argentina) son también “rencorosos” y “revanchistas” ¿no?
Pero ¡qué estamos diciendo!, ¿justicia aquí...? ¿En un país cuyo Gobierno ha concedido cientos de miles de euros a la fundación que glorifica a un “caudillo” asesino y le rinde homenaje cada 20-N...?. ¿En una España salpicada de calles, plazas, estatuas, mausoleos e instituciones dedicadas a homenajear a un régimen liberticida? ¡Con unos jueces que ordenan la detención y multan en Melilla, Madrid y Segovia, a ciudadanos por pintar de rojo los símbolos de los golpistas!¡ ¡Con un gobierno del PP que se niega a condenar la sublevación militar-fascista de 1936 y un PSOE que tampoco lo hizo en los catorce años de gobierno por mayoría absoluta! Con unas Reales Academias que ponen a José Calvo Sotelo como “Presidente a Perpetuidad”! ¡Con una División Acorazada del Ejército que recuerda la victoria fascista de Brunete! ¡Con un Rey que concede la Medalla Militar a un falangista excombatiente de la División Azul...!
¿Pero qué clase de conciencia democrática tienen las instituciones políticas en este país, con unos partidos y sindicatos que se han vendido por poder y por dinero, abandonando su propia Memoria Histórica a los familiares de las víctimas?
¿Qué clase de democracia es esta en donde unos colectivos ciudadanos (encabezados por la ARMH) tienen que ponerse a trabajar en la localización e identificación de los restos de “los fusilados del franquismo” en las fosas comunes que van saliendo a la luz en toda España? ¿Qué cabe esperar de unos partidos “de izquierdas” que se han escondido –temerosos- cuando estas noticias, gracias a los medios de comunicación, han saltado a la opinión pública y que únicamente cuando les es imposible permanecer más en la ignorancia, como lo han venido haciendo en estos temas desde 1975, corren al Parlamento (PSOE) con proposiciones “no de ley”, para subirse al carro de la oportunidad...?
¿Qué talante democrático tiene un Ayuntamiento gobernado por IU-PSOE (como el de Totana, Murcia) cuyas principales vías públicas están dedicadas a personajes como: General Mola, Calvo Sotelo, General Muñoz Grandes. Federico Servet, General Sanjurjo, General Moscardó, General Asensio, General Varela, Teniente Pérez Redondo...?
Quiénes visiten esta web, podrán realizar un acercamiento hacia la actitud de los partidos “democráticos” en una sola comunidad autónoma española: Murcia, que han abandonado TOTALMENTE la memoria de sus Héroes en manos de sus familiares y que no han movido, ni un solo dedo, por apoyar más allá de las buenas palabras (y a veces, ni eso) el intento de crear una plataforma regional para la recuperación de la Memoria Histórica.
Para finalizar, solicitamos el reconocimiento para aquellas personas, asociaciones y colectivos ciudadanos, por TODO el esfuerzo y sacrificio desplegados para rescatar y rehabilitar la MH de la República y de las víctimas del franquismo, señalando como últimos y únicos responsables de este inmenso “quién sabe dónde” que es España, al PP, PSOE, IU, CCOO, UGT, CNT y demás organizaciones beneficiarias del “patrimonio de la Izquierda”, evaluable económicamente y generado en gran parte por las víctimas, a las que han usurpado siglas y símbolos, abandonado no solo su memoria, sino cualquier reivindicación de justicia histórica (reivindicaciones de guerrilleros, colectivos de descendientes de exiliados, Niños de la guerra, desaparecidos, huérfanos, etc)
Los posicionamientos de “tolerancia” hacia los sostenedores de la Dictadura y las consecuencias de esta, aún vigentes y pendientes de resolución, en nombre de valores como “la concordia”, la “fraternidad”, “la convivencia” o el impúdico “mutuo perdón”, tantas veces proclamadas desde la propia Izquierda, solo enmascaran: o la ignorancia o la iniquidad.
Floren Dimas Balsalobre
Presidente de la Asociación
21 de Septiembre de 2002
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MARINEROS DE LA FLOTA REPUBLICANA, ENTERRADOS INDIGNAMENTE EN UNA FOSA COMÚN EN CARTAGENA.
En relación con la fosa común recientemente puesta al descubierto recientemente desde el diario “La verdad” de Murcia, la asociación “Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945)” iniciará el próximo mes de septiembre varias acciones de tipo institucional para intentar localizar a los familiares de los cincuenta marinos, ejecutados durante la posguerra por la represión franquista (que están identificados), así como para dignificar el lugar del enterramiento, representado actualmente por una fosa anónima, con una única inscripción equívoca que oculta la naturaleza de su muerte.
La asociación considera impropio de un país democrático, que el Ministerio de Defensa persevere en el tratamiento diferenciado de los militares caídos, en función del bando en el que militaron. Todos eran españoles y para todos reclama la misma dignidad en la conservación de su Memoria.
A la escuadra de la República y todos sus componentes les asistió la legitimidad de defender al Gobierno constitucional de España. Una circunstancia muy cualificadora para merecer tan vergonzoso gesto de desprecio y olvido.
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MENSAJE RECIBIDO EN EL FORO "GCE" www.tinet.org/gce el 12-09-02.
SE REFLEXIONA SOBRE EL SECTARISMO DEL ACTUAL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA VALORACIÓN DE "ILEGALIDAD" DE LAS ACTUACIONES DE DETERMINADA FORMACIÓN POLÍTICA, EXTRAPOLÁNDOLO A LA IMPUNIDAD QUE LOS "PACTOS DE LA MONCLOA" OFRECIERON A LOS RESPONSABLE DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO.
"...Hola. Creo que no hay que sacar las cosas de quicio. Nadie ha hecho las comparaciones esas a las que se alude en la respuesta. Lo que sí se decía en el mensaje original, y con un sentido claramente irónico, es que ahora que se ha comenzado a sacar las fosas a la luz, ahora se acuerdan de que hay que regular esto mediante una ley..., se ponía esto de relieve ey se venia a decir que ¡solo falta que te ilegalicen por meter la nariz en esos temas!
Creo que ese comentario irónico no es tan grave, al fin y al cabo la ley sobre Partidos que ilegalizará a Batasuna encierra unos artículos que son bastante aplicables al propio Partido Popular. Me remito a los hechos: disculpa de hechos terroristas, calles, estatuas y medallas a asesinos, negarse a condenar acciones terroristas contra la democracia (el 18 de Julio y la dictadura), justificar los crimenes de la dictadura, insultos a las víctimas. Y es que la Transición tiene sus contradicciones señores. Comprendo que se le abran las carnes a muchos cuando ven a Josu Urriticoetxea (Josu Ternera) en Vitoria, pero es que los españoles hemos tenido a un Carnicerito de Málaga como Presidente del Gobierno y se nos ha hecho tragar que el tal carnicerito era intocable para no remover no sé que cosas. No condenar la dictadura y todo su horror es un crimen a mi modo de ver, algo que quita fuerza moral para condenar a Batasuna. La diferencia es que unos disculpan hechos del pasado y otros los de ayer por la tarde. La democracia española tiene un largo historial de carniceros convertidos en padres de la patria, de torturadores jubilados con todos los honores y de victimas de la dictadura olvidadas y aún negadas.
La comparación además estaría justificada por otro tema. Muchos asesinados por la dictadura (que comenzó en muchas partes de España en 1936, no se olvide) se opusieron con las armas en la mano. El PP está intentando criminalizar a quienes practicaron la lucha armada contra la dictadura; ¿o no es verdad? Incluso el PSOE no lo tiene claro, callan. Y del PCE-IU mejor no decir nada, Llamazares llegó a soltar en las Cortes el otro día que el PCE no apoyó la lucha armada (mentira) y dando a entender que no simpatizaba con ella cuando Franco (negando pues a los maquis).
Lo de las Fosas es un tema pendiente que pone a la luz nuestra precariedad democrática. No basta con brindis al sol, como Rafael Hernando del PP diciendo que el gobierno vé con simpatía la búsqueda de los familiares de los desaparecidos; lo que hace falta es decisión y valor democrático borrando las huellas de los asesinos de nuestras calles y plazas, devolviendo a nuestro país la memoria democrática anterior al 79, dignificando publicamente a las victimas de la dictadura y a quienes dieron sus vidas luchando contra ella. Decir que la dictadura fue necesaria, que los crímenes también, pues el pueblo no estaba preparado, y el baño de sangre una dolorosa obligación para normalizar la situación y que nos permitió llegar a la Transición tan sabiamente montada desde el poder, es algo que piensa mucha gente del PP aunque no lo reconozcan públicamente. A mí me parece un horror.
Pero vamos, el que debe responder es quien ha hecho el cometario irónico. A mi me ha provocado esta reflexión.
saludos
Pedro A. García Bilbao
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