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TELEGRAMA CON EL "ENTERADO" DEL GENERALÍSIMO.- A diferencia de la vandálica violencia desatada tras la sublevación militar por bandas de incontrolados, la represión de posguerra fue un asunto de Estado. A partir de la recepción del telegrama las horas del reo estaban contadas. Esa misma madrugada entraba en campilla y con los primeros rayos de sol, una descarga de fusilería segaba su vida.
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LA GRAN MENTIRA DEL "CAUDILLO".- Declaraciones de Franco al enviado especial de la agencia “Associated Press”, el 11 de diciembre de 1938. cuando estaba a punto de empezar la ofensiva sobre Cataluña,
"...- ¿No cree V. E. que queden fuera de la unidad de España los que combaten contra el Ejército nacional?
- No. Los rojos de verdad son ya una minoría. Los fanáticos de la revolución cayeron en los primeros tiempos. Hoy es la criminalidad de los jefes y comisarios la que sostiene, con el terror, la guerra. Los que no hayan cometido crímenes, los que no tengan graves responsabilidades, se restituirán a la vida civil. Nuestro perdón es amplio y generoso para los equivocados. Sólo los que persisten en sus criminales ideas serán objeto de aislamiento. Nuestras nuevas leyes, justas y generosas, facilitan el reintegro a la sociedad a los penados que redimen su pena. por la conducta y el trabajo y les permiten disfrutar de un jornal con el que, mientras no se liberen, podrán atender al sostenimiento de sus familias".
Desde el mismo 17 de julio de 1936, los sublevados, en aplicación de las directrices del general Mola, practicaron el asesinato premeditado y masivo de civiles y militares como herramienta para imponerse por el terror. El "asesinato de estado" llegó al paroxismo al término de la guerra, con el fusilamiento de un total muy aproximado de 175.000 republicanos, sin contar los fallecidos de hambre, bombardeos, enfermedades, exilio, etc.
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CONTRA VIOLENCIA INCONTROLADA.- "La Verdad" de Murcia (transformada en "El Liberal" (PSOE-UGT), tras su incautación en agosto 1936) publica esta consigna, una llamada al orden de una autoridad desbordada por los acontecimientos que siguieron al golpe de estado, hasta que paulatinamente la República va recuperando en el orden en la retaguardia a finales de noviembre de 1936, momento en que cesa la violencia incontrolada, lamentando para entonces la comisión de cientos crímenes abominales que el franquismo atribuyó a "obra" de las instituciones republicanas. Una falsadad história más. Por el contrario la represión franquista fue un "programa de estado" ordenado por el propio Franco.
Una consigna como la que ofrece la imagen es impensable en la prensa franquista, que jamás reconoce la ola de fusilamiento masivos de población civil pro-republicana a manos de los mercenarios del Ejército de Africa, la Falange y el Requeté.
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El régimen victorioso en la contienda, pretendió (y consiguió) barrer toda posibilidad de un futuro resurgimiento de las ideologías y organizaciones derrotadas por las fuerza militar, mediante una operación represiva basada en el Terror, llevando éste a sus expresiones más primitivas y la vesanía más cruel y gratuíta, dentro de un planeamiento general calculado y una infraestructura organizativa de dimensión nacional: funcionarios, legislación, juzgados, policía, Falange, Ejército, medios de comunicación, telecomunicaciones, transporte, intendencia, etc.
No se basaba -como se pretendió hacer creer- en la aplicación estricta de un castigo a los culpables de los asesinatos cometidos en el caos que siguió a la sublevación militar de 1936, sino en ANIQUILAR física y psicológicamente a todo elemento que, a juicio de la maquinaria represiva, fuese considerado como "elemento peligroso para la causa Nacionalsindicalista" (en expresión al uso de la época).
La violencia ejercida contra personas consideradas "de derechas" de Julio a Noviembre de 1936 en la retaguardia murciana, fue realizada por partidas de incontrolados que amparándose en brazaletes o siglas de organizaciones políticas o sindicatos (y en contra de las directrices ordenadas por éstos, como recogen los diarios "Nuestra Lucha" y "Confederación" y las disposiciones oficiales que se citan en la Causa General-Murcia, AHN de Madrid) sembraron el terror entre los supuestos partidarios de los militares rebeldes. El mantenimiento del orden público durante este triste período, fue la mayor preocupación de las autoridades civiles provinciales y locales, subvertido por varias razones: desde la improcedente declaración de la amnistía general a los detenidos, decretada el 20-07-36, que dejaba en libertad a criminales y maleantes, hasta la ausencia de fuerzas armadas capaces de acabar con este caos generado por la disolución de la autoridad gubernativa y la partida precipitada hacia el frente de los militares, la guardia de asalto y la guardia nacional republicana (guardias civiles leales a la República). Todas estas circunstancias, unidas a la avalancha de refugiados procedentes de zonas de combate próximas (Granada, Jaén, etc), testigos de las masacres realizadas en su avance por las tropas moras y las milicias falangistas, entre la población civil, así como las diarias arengas desde Radio Sevilla del general Queipo de Llano, llamando al simple asesinato de "los rojos marxistas" allí donde se les detuviese, destacando la acción clandestina de la "Quinta Columna" (franquistas activos en la retaguardia murciana) provocó la exacerbada reacción de los más exaltados que se constituyeron en vengadores justicieros, que dirigieron su venganza contra quién representase -según éllos- un peligro para la retaguardia y creando una psicosis de persecución de los "emboscados".
Pasados los cuatro primeros meses desde la sublevación, la movilización general y la militarización de las milicias populares, el nombramiento de delegados gubernativos en todas las poblaciones, y la constitución como órgano judicial de los Tribunales Populares, (un escabinado de jueces y paisanos) pudo cortarse de raiz estas vandálicas muestras de violencia. A partir del segundo trimestre de 1937, no se registra en toda la provincia ninguna muerte violenta por motivos políticos. Se asegura el orden en la retaguardia murciana y el principio de legalidad es recuperado -dentro de las limitaciones de un país en guerra-.
Por el contrario, la REPRESIÓN FRANQUISTA, es fruto de un programa de gobierno. Nada se deja al azar, siendo el propio Estado el que institucionaliza una violencia selectiva de un alcance social sin parangón en nuestra Historia. El Código de Justicia Militar de 1888, se aplica con todo rigor. Cualquier acto presuntamente delictivo, por nimio que fuese: un robo, un insulto, una riña, etc. es constitutivo del delito de "adhesión" o "auxilio" a la rebelión (los rebeldes juzgan a los leales: una de las aberrantes aportaciones jurídicas del franquismo al Derecho, en palabras de uno de sus más conspícuos protagonistas, el falangista y cuñado de Franco, Serrano Súñer)).
El miedo se extiende a toda la capilaridad social: a las familias de los detenidos, a sus amigos y conocidos, a sus compañeros de trabajo, de ocio. Se crean tribunales depuradores en todos los organismos oficiales e instituciones civiles: en Correos y Telégrafos, en la Confederación Hidrógrafica del Segura, en las sociedades deportivas, en las peñas huertanas, en el Conservatorio, en las cofradías religiosas, en los Ayuntamientos, en los colegios profesionales, en la universidad, institutos y escuelas; en las fábricas, en los ferrocarriles y puertos, en las industrias y minería, etc.
En cada barrio o pedanía, la Falange nombra un Jefe de Distrito e instala una Delegación del Servicio de Información y Documentación de FET y de las JONS, una auténtica GESTAPO que espía cada movimiento de los ciudadanos, procediendo a detención y tortura de quiénes luego serían más tarde juzgados por supuestos delitos arrancados en sus declaraciones bajo coacción. Se habilitan como "agentes de la autoridad" a antíguos miembros del Somatén -chivatos y matones en connivencia con la guardia civil- (organización creada durante la dictadura de Primo de Rivera) y los caciques se convierten en el medio agrario, en el auténticos "sátrapas" del sistema represor, implantando un domunio absoluto superior al existente durante la Monarquía de Alfonso XII.
La jerarquía de la Iglesia, se aplicó con diligencia a esta labor de persecución desde los púlpitos, llamando al arrepentimiento y hasta a delación. Los confesionarios eran observatorios de espionaje. Los párrocos expedían o negaban avales en función de criterios políticos y los capellanes castrensen en las cárceles, se convirtieron en fieles apéndices de un sistema penitenciario atroz.
Los simulacros de juicios (los tristemente famosos "consejos de guerra" sumarísimos) se cuentan por millares y llevan a miles de murcianos al paredón hasta 1945. Las fosas comunes de Murcia y Cartagena, así lo atestiguan. Otros enterramientos habidos en Lorca y Totana, fueron pronto dejados en el anonimato, pero su recuerdo ha traspasado el tiempo y la ocultación interesada. Los fallecidos por inanición, enfermedades carenciales: avitaminosis, celampia, caquexia, o infecciosas: tuberculosis, tifus, etc, se cuentan por centenares, por manifestaciones de ex presos, siendo su recuento imposible -según las actas de defunción- por la naturaleza inmediata del fallecimiento.
El mundo penitenciario, para quiénes tuvieron "la suerte" de merecer la conmutaciónb de la pena de muerte, del "Caudillo", forma parte de un universo perverso de pedecimientos, destierro y esclavitud que hoy, gracias a nuevas aportaciones de investigadores e historiadores, comienza a saltar al conocimiento público.
Esta es, en resumen, una aproximación muy superficial a toda una infraestrura político-policial que tuvo como objetivo principal exterminar físicamente a los oponentes y paralizar disuadiendo -con el ejemplo de estos brutales escarmientos- todo intento de hacer renacer cualquier experiencia democrática en nuestro país. La violencia y la dimensión represiva del franquismo en la provincia de Murcia fue tal, que durante cuarenta años de dictadura no se registró jamás actividad de resistencia alguna, salvo la sindical, en las postrimerías del régimen.
Se recomienda la consulta de la obra "Guerra civil en Murcia", ya citada en esta web, exposición de una tésis doctoral presentada en la Universidad de Murcia, que refunde todos los contenidos descritos, desde los propios documentos de la "justicia" franquista.
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UNA INFRAESTRUCTURA CRIMINAL.- El franquismo se dotó de todo un soporte burocráfico y logístico para llevar a cabo las formulalidades de su programa de exterminio político. Nada se dejaba al azar, incluído el transporte del piquete de fusilamiento.
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MUJERES REPUBLICANAS RAPADAS POR LOS FASCISTAS.- Una de las expresiones de la aniquilación moral de los vencidos fue la humillación pública de las mujeres, sin que importase mucho su vinculación con hechos imputables. Esta imagen se repitió por todas las ciudades y pueblos murcianos y han perseverado en la memoria colectiva de nuestros mayores.
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Las caracaterísticas de la represión en ambos bandos, es puesta de manifiesto por el profesor Joan Villarroya i Font (Centro de História Contemporánea de Cataluña) y
Josep Mª. Sole i Sabate (Historiador. Profesor de Historia Contemporánea. Universidad Autónoma de Barcelona) en el vol. 24 de la Enciclopedia de la Guerra Civil, 1986:
"...Avanzar en el estudio de la represión representa profundizar en el tema más polémico de la guerra civil. En palabras de Pedro Laín Entralgo: Es cierto, sí, que la guerra civil debe ser por todos olvidada, mas tan sólo después de haber conocido la íntegra verdad -insisto, la íntegra verdad- de lo que ella fue, y porque sólo puede ser realmente olvidado lo que realmente se conoció.
Si desde la óptica de los vencedores de la guerra sólo había existido un terror rojo, desde la óptica de los perdedores o autores proclives a su causa, se había minimizado lo ocurrido en la zona republicana. Lo cierto es que hoy en día disponemos de excelentes estudios efectuados en algunas nacionalidades o bien estudios regionales, provinciales o locales para situar las cosas en su sitio.
Estas excelentes investigaciones demuestran claramente lo que ocurrió en las zonas que dominaron desde un principio los sublevados, como Navarra, Mallorca, Canarias, Castilla la Vieja, La Rioja y en pocos meses gran parte de Andalucía y Extremadura. Los datos y los hechos son irrefutables. La extensión del terror fue una norma básica en la consolidación de los sublevados. Las cifras confirman lo que ya desde el bando antifascista o incluso desde el bando sublevado, como Bernanos, muchos autores habían denunciado. En estas zonas las personas vinculadas ideológicamente o conocidas por su actividad política y sindical de izquierdas o simplemente liberal y republicana fueron perseguidas con saña y los cementerios bajo la luna proliferaron en demasía como mudos, y con los años olvidados testimonios de lo que más que terror azul se puede considerar como barbarie azul.
Pero también es cierto que en la zona revolucionaria o republicana proliferaron similares cementerios que la propaganda de los vencedores se encargó de realzar y denunciar y que muchos autores de signo contrario habían minimizado. Estas mismas investigaciones también demuestran que los odios de clase afloraron violentamente en la zona republicana y la magnitud de esta violencia fue en algunos casos terrible. La diferencia estriba que en una zona el terror se extendió con la aquiescencia y voluntad de las autoridades y en la zona republicana se produjo más de manera espontánea y popular y en contra en la mayoría de los casos de las autoridades que detentaban el poder.
Es lo que se ha intentado diferenciar al definir el carácter represivo de las dos Españas enfrentadas. En la zona republicana el estallido impetuoso de la violencia que arrasaba era ejercida en una guerra de clases, y que según que zonas también guerra de religión, generalmente fuera de la ley y con la voluntad manifiestamente repetida de recomponer el ejercicio de la justicia bajo el amparo de la ley. El ejemplo más claro son los procesos sobre Asesinatos e inhumaciones clandestinas que, y hay que resaltar la catalogación sin ambages de asesinatos que la República no dudaba en aplicar, fueron incoados a presuntos responsables de participación en los mismos.
Aún los intentos de legalizar abiertamente el culto católico en Cataluña a pesar del curso bélico de la guerra civil y del profundo surco que dejó la persecución religiosa en ella.
En el bando franquista jamás se hizo nada parecido. No solamente esto, sino que la represión consolida el nuevo Estado, además que se ejecuta bajo la cobertura de la ley. Con el paso del tiempo en orden y cumpliendo órdenes.
Hay que añadir un aspecto que no siempre es aludido cuando se trata de la represión en la guerra civil y la inmediata posguerra. La represión ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y obreros y también por la aplicación de la ley entonces vigente, es para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con mas injusticia social de Europa. Los muchos errores que indudablemente se cometieron pretendían defender una nueva sociedad. Mas libre y mas justa. La represión de los sublevados y de sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios.
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PRISION PROVINCIAL DE MURCIA.- Patio nº 3
En el año 2004 la arquitectura del edificio es exactamente la misma que tenía durante la posguerra. Construída para un máximo de 450 internos, llegó a albergar en 1939 y 1940 hasta 3.500 reclusos. El hacinamiento era tal que había que relevarse para tumbarse a dormir en el suelo, "...llegando a comprar el espacio de los escalones..." (testimonio oral). En este patio se llevaron a cabo varias ejecuciones en 1939 y 1942.
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