Independizarnos de la corrupción

por Hugo Alberto de Pedro

Hay momentos en los cuales los habitantes de la Argentina nos sentimos como tontos espectadores de las mentiras del poder, sencillamente porque pretenden tratarnos como tarados o incultos. De eso justamente se tratan las declaraciones efectuadas por la ministro de Economía y Producción -Felisa Miceli- para intentar justificar lo injustificable. Lo indemostrable. De lo que ya nadie puede dudar es sobre el origen de esos dineros “abañerados”. O sea, nos cuesta creer la veracidad de que sean de su hermano, pero tampoco sabemos de quién son, quién los colocó allí y cuál fue el justificativo, por qué estaban dónde no debían estar, cuál es el motivo que por el cuál todo esto huele a corrupción, cuál es la razón verdadera justificante de tanto tiempo de silencio ante un hecho que desde el poder nos quieren presentar como normal, personal, bla, bla, bla.

Debemos saber, para comprender mejor la situación, que la Dra. Felisa Miceli es Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, ministro nacional desde hace 19 meses. Fue presidente del Banco de la Nación Argentina (30 meses), representante del gobierno nacional ante el Banco Central de la República Argentina (13 meses), directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires (49 meses), asesora técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal (36 meses) y jefa de la Dirección Nacional de Programación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de la Nación (48 meses). Además de profesora universitaria, analista de temas económicos-financieros y consultora del gobierno nacional y de los provinciales en diferentes temas.

Solamente con lo mencionado alcanza para sostener que no se trató de una equivocación, por más que la ministro Miceli diga ahora: “Se ha montado todo un engranaje a partir de una cosa que era absolutamente normal, personal...”, “Y si se quiere, eso puede ser llamado inexperiencia…” (sic). ¡Inexperiencia! ¿Quién lo puede creer con esos antecedentes?

¿Apareció el “prestamista” de la ministro? Sí, claro. ¿O alguien podría haberlo dudado? No, por supuesto que iba a aparecer. Y que mejor que sea un hermano caritativo que entrega dólares y billetes de pesos argentinos termosellados por el Banco Central de la República Argentina para que la ministro Miceli compre en algún momento una propiedad para ella o para su hija -porque la versión oficial aún no se ha puesto de acuerdo al respecto-. Cuánto menos el “prestamista” le entregó unos 60.000 dólares. O más quizás… 240.000 dólares. ¿Lo sabremos alguna vez con seguridad? ¿Sabremos si es verdad que eran de su hermano “mutuante”?

Preparación profesional y experiencia no le faltan a la ministro Miceli. Antecedentes menos. Actividad en la función pública tampoco. Pero pareciera que le faltan otras cualidades para desempañarse como funcionario público.

La “ocupada” ministro Miceli no ha tenido tiempo de depositar en sus cuentas bancarias personales los supuestos 100.000 pesos en efectivo encontrados en el “baño”, aunque ahora dice: “Pensaba justamente llevarla al banco…”, “El lunes 4 lo traje para llevarlo al Banco Nación donde tengo una cuenta para depositar la plata en efectivo…”, “Esa era mi idea, pero no lo pude hacer porque tuve un día agitado…”, “Pero para no estar con la plata encima…” (sic). Tampoco sabemos al día de hoy si ya lo ha depositado porque nada declara mediáticamente al respecto, como tampoco si abrió la caja de seguridad bancaria.

Parece que nuestros conocimientos son más buenos comparados con los de la ministro Miceli -tan experimentada en temas de bancarios, como corresponde a un miembro del funcionariato en bancos oficiales y públicos-. Ella olvidó o al menos no lo consideró (en el momento de tener el dinero en su poder y tampoco en sus contestaciones al diseñado a medida reportaje periodístico “pseudoficial”) que los depósitos bancarios no requieren ser efectuados por el titular de las cuentas bancarias. O sea, podría haber encomendado esa función a cualquier persona de su confianza… por ejemplo a su concubino. Pero claro, no lo hizo o se olvidó de hacerlo y el dinero se mantenía contante y sonante en el “baño” a la espera de... (La justicia deberá completar esta frase).

La “ocupada” ministro Miceli no ha tenido tiempo de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción -dependiente nada menos que del Ministerio de Justicia-. O sea que sus datos patrimoniales y públicos obligatorios que se tienen hoy disponibles datan de hace un año y medio atrás. La ministro Miceli deberá dar explicaciones sobre la complejidad de su declaración jurada, que requiere de la asistencia de otros profesionales de Ciencias Económicas (“Le pedí también a mi contadora que haga todo lo posible para que la semana que viene la pueda presentar…”, “Le estoy pidiendo a mi contadora, porque esto va a aclarar hasta el 31 de diciembre del 2006, que incluya esto aunque no corresponda, porque yo lo tengo que presentar a mediados del 2008” (sic).

Parece que la ministro Miceli nos está haciendo un chiste -por no decir que nos está mintiendo-. Además lo grave del asunto es que tiene la intención de realizar un declaración jurada mentirosa y fraudulenta, porque pretende adelantar hechos e ingresos patrimoniales a su declaración con total premeditación sabiendo que eso no se ajusta a la realidad temporal. Para que quede claro, dice que va a mentir. Ahora nos dice que va a declarar que al 31 de diciembre de 2006 tenía lo que no tenía. Es algo así como jurar en una declaración una cosa mientras que el “hermano” tuvo necesariamente que haber declarado otra cosa a esa misma fecha. También, que existirá una inconsistencia entre lo que declarará y su presentación anterior ante la AFIP en el presente año: “Fue presentado a la AFIP hace poco por el impuesto a los bienes personales. Y estamos presentando la documentación a los organismos de control, a la Oficina Anticorrupción” (sic). Pero claro, pudo presentar una declaración jurada ante la AFIP que tiene básicamente los mismos datos requeridos por la Oficina Anticorrupción -pero a ésta no-, y entonces la incongruencia estará en que... (La justicia deberá completar esta frase).

Ante estos hechos de no “poder” (querer) depositar y de “aclarar e incluir” (falsear) en sus declaraciones juradas públicas, por analizar dos de los tantos otros que podríamos mencionar para comprender que la ministro está falseando a la verdad y a la realidad de la cuestión. Ella fue descubierta y es por ello que debemos esperar una pronta investigación judicial, con la correspondiente resolución sin demora en la justicia. Porque sabemos que dentro de tres meses hay elecciones nacionales y entonces…

Mientras tanto también debemos exigir que sean los legisladores de la Nación quienes procedan a hacer efectivo el correspondiente pedido de informes, porque conforme al Art. 71 de la Constitución Nacional pueden hacerla comparecer en cualquiera de las Cámaras para que de explicaciones. Institucionalmente es necesario, conveniente y deseable -aunque sea politiquería-. Sabemos que esto depende de la voluntad política que tiene la mayoría de la facción gobernante y que es la misma que sostiene a la ministro en su cargo. Más claro: el presidente Néstor Kirchner y el gabinete de ministros. ¿Será que no lo aceptarán porque un pedido de informes legislativo es también una “campaña sucia”? Sinceramente creo que la falta de transparencia, la inexistencia de la rendición de cuentas, el silencio oficial, la demora en la información y el autoritarismo es lo verdaderamente sucio por estos tiempos en las políticas gubernativas.

Pero mientras todo esto va sucediendo para el Gobierno Nacional todo sigue igual como si nada hubiese ocurrido, aunque públicamente estamos todos enterados desde hace 15 días por haber sido correctamente publicado y denunciado por el semanario Perfil con lujo de detalles. Para la ministro Miceli todo se reduce a que el Presidente de la Nación la “apoye” y la “quiera”: “Sentí mucho apoyo y cariño” (sic). Mientras tanto -con todo ese cariño y apoyo- todos estos días se ha presentado risueña en actos públicos. ¿Querrán poner a prueba a nuestra tolerancia una vez más?

Quiere decir entonces que cuando un funcionario público comete actos que ponen en duda sus deberes, cuando no se someten a la justicia cuestiones que rozan -cuanto menos- incumplimientos públicos, cuando el Ministerio Público -fiscales- se hace el distraído, cuando se han emitido comunicados oficiales que han mentido sobre la cuestión, cuando se han utilizado edificios y bienes públicos para guardar dineros injustificados, etc. nada pasa en este país. Claro esta, más allá que desde el autoritarismo reinante se hagan “apoyaturas” y manifestaciones de “cariño”. ¿Estarán menospreciando a la inteligencia humana?

Es una vergüenza ajena esta forma institucional de mentirnos.

Nos da una pauta más sobre la forma en que la corrupción está presente en los actos ilegales del funcionariato. Porque una cosa es saber que roban y delinquen por doquier, pero otra es que ante hechos como estos no presenten siquiera la dignidad de reconocerlos y actuar en consecuencia.

Porque a la Dra. Felisa Miceli seguramente no le faltará trabajo en el futuro en la actividad privada, o bien en la función pública como siempre sucede en Argentina con los que se van para siempre volver a vivir de la cosa pública. Pero ella sabe muy bien que si de la investigación surge que cometió ilícitos quedará inhabilitada -especial o perpetuamente- para seguir desempeñándose como funcionario público. Y si volvemos a repasar sus antecedentes pareciera -como le sucede a la mayoría de los personajes de este Gobierno- que no saben o no quieren hacer algo diferente de vivir permanentemente de la actividad pública. ¿Será ese el motivo por el cual consideran de su propiedad a la cosa pública?

Creo que ya existe, desgraciadamente, demasiada delincuencia en nuestras calles y barrios como para que nos mantengamos inertes cuando estos personajes siguen sentados en los sitiales de la Administración Pública. Alguien puede creer que trabajan y que no roban. Alguien puede reconocerlos como funcionarios públicos y no como aprovechadores de la cosa pública. Alguien puede creer que los motiva vocaciones patrióticas y no meramente personales. Cualquiera puede pensar lo que quiera. Cualquiera puede seguir sosteniendo, como lo hago acá, que hoy por hoy la política partidaria y gubernamental es sinónimo de mentira y corrupción. Ejemplos: Fideicomisos públicos. Adelantos del Tesoro Nacional. Skanska. INDEC. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Gasoductos. Decretos de necesidad y urgencia. Consejo de la Magistratura. Helicópteros presidenciales. Publicidad y propaganda oficial. Viajes de campaña política al exterior. Venta de armamento a precio vil. Concesiones públicas de todo tipo. Actos políticos financiados con fondos públicos. Etcétera.

¿Alguien hará algo? Espero sinceramente que sea la justicia argentina. Porque sino más temprano que tarde seremos nosotros, el pueblo, los que hagamos lo que debemos hacer. Echarlos sin más, sin miramientos y abrir las puertas de las cárceles para que paguen a la sociedad por todo aquello que día a día nos han ido negando, por sus corrupciones y extralimitaciones públicas y por todo aquello que va prohibiendo e hipotecando el bienestar de las próximas generaciones.

Un día como hoy hace 191 años los diputados de las Provincias Unidas en Sud América, en un Congreso General, juraron la independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Entonces ahora: ¿Cómo no podemos nosotros declarar la independencia de toda la corrupción política que nos domina? ¿Cómo no podemos recuperar todos los derechos de los que hemos sido despojados?

Podemos y debemos hacerlo para que nuestra Argentina sea lo que puede y merece ser y no lo que unos cuantos personajes quiera que sea para su propio beneficio personal y de la “clase” a la que representan.

9 de julio del 2007

¿Todos somos corruptos?

por Hugo Alberto de Pedro

“Los habitantes de la República Argentina somos todos corruptos”.

La frase parece un poco fuerte, pero si la realidad que nos circunda informa que los funcionarios públicos nunca jamás son “corruptos”, que ellos siempre dicen la verdad, que se comportan conforme lo establecen los reglamentos, que nunca actúan de forma ilegal y que dan fiel cumplimiento a sus deberes, entonces al existir la “corrupción” seremos nosotros los causantes y los beneficiarios de ella.

Es un silogismo muy sencillo:

· En la República Argentina existe “corrupción”

· Los funcionarios públicos no son “corruptos”

· Por tanto, los que no son funcionarios públicos son “corruptos”

Resulta, de todas maneras, bastante difícil de creerlo porque de verificarse ello nosotros tendríamos el goce de las fortunas, patrimonios, nivel de vida y prerrogativas que tienen los funcionarios y los políticos.

Determinados hechos y situaciones revelan que cada vez que se escapa alguna información del enclave de los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- estamos frente a circunstancias muy poco transparentes, y por lo tanto que puedan ser presumidas y sostenidas como lícitas.

Que una ministro del Poder Ejecutivo Nacional tenga una fortuna, líquida en dinero de curso legal y divisas extranjeras, escondida en el placard del baño privado de su despacho parece, prima facie, algo bastante insólito. El hecho de habernos enterado por un artículo periodístico que lo denunció, que después de un mes de descubierto fue reconocido públicamente por el Ministerio y la Policía Federal, que lo tenencia de dicha cantidad de dinero resulta injustificable a partir de los propios ingresos de la “afortunada funcionaria” y de su polifuncional concubino nos lleva a concluir que algo no está en orden. Ni siquiera tiene la dignidad de hacer alguna declaración al respecto. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que en las empresas dedicadas a la construcción de los gasoductos aparezcan pagos de coimas por decenas de millones de pesos, que se han realizado cientos de facturaciones “truchas” millonarias, que la obra es contratada, fiscalizada y financiada por el Estado, que existan tantas relaciones entre funcionarios públicos de diferentes áreas en la confabulación de la cuestión, que los funcionarios involucrados posean bienes y propiedad que no resistan la más mínima justificante y que la justicia nos siga demostrando que su lentitud cómplice es funcional al sistema y permita armar coartadas es otro problema. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que mientras Argentina padece de una crisis energética alarmante, consecuencia de políticas públicas de entrega indiscriminada de los recursos petrolíferos y gasíficos al capital privado nacional e internacional, una provincia extienda por 40 años la concesión de sus principales yacimientos, que los beneficiarios son los mismos que lo han sido bajo gobiernos de facto genocidas y gobiernos democráticos y que además todo se realice de forma inconsulta y sin la transparencia institucional necesaria es por demás de sugestivo. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que desposeídos personajes “arrimados” al funcionariato hoy sean poseedores de millonarias fortunas, empresas, medios de comunicación y de un poder económico inmensurable, que se manejen a través de terceros prestanombres y encubridores, que aún a pesar de las denuncias no existe en el ámbito judicial ningún tipo de investigación y que sean los más favorecidos con los fondos públicos es, al menos, insultante. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que en todos los niveles de las legislaturas de Argentina se sancionen leyes y ordenanzas que benefician a unos pocos, que son legisladas a la medida de las necesidades de quienes solamente se proponen usufructuar de los fondos y bienes públicos, que se distribuyan las tierras fiscales de forma arbitraria, que tienen en mira únicamente otorgar beneficios sectoriales y particulares nos debe preocupar profundamente. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que un grupúsculo de personajes, devenidas y devenidos en políticos, armen estructuras partidarias sostenidas únicamente por la propaganda y la publicidad, que posean medios económicos para el traslado de miles de personas y para armado de actos públicos con todo el circo necesario para demostrar -al menos- lo popular del hecho y que los avisos publicitarios en cualquier sitio y medio imaginables -que sabemos requieren de una millonaria financiación- nos hablen en nombre de una representación nacida de su propia imaginación es la cosa común en los últimos tiempos. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Bastaría solamente analizar cada una de las cuestiones públicas para encontrarnos con infinidad de ejemplos sobre la falta de transparencia, dignidad y moralidad que tienen aquellos que nos representan, legislan y administran justicia. Esos mismos que nosotros hemos puesto, acomodado y perpetuado en los sitios estratégicos de la conducción de nuestro presente y futuro. O sea en el mismísimo Poder.

Pera sabemos -aunque ellos se hagan los desentendidos- que existen, y están bien tipificadas, las figuras penales de usurpación de autoridad, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios, prevaricato, denegación y retardo de justicia, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, falsificación de documentos, etc., etc., etc. Cada uno de esos delitos tiene establecidas las penas correspondientes para reprimirlos. Los tribunales tienen las normas prácticas y procesales para actuar conforme a derecho.

Para que el silogismo enunciado al comienzo no tenga validez necesitamos de la actuación urgente de la justicia argentina. Si ella no hace lo que está obligada a hacer ante las denuncias presentadas, o las hechas públicas debiendo actuar de oficio no tenemos más remedio que sentirnos nosotros como los “corruptos”, más allá que sabemos quienes son los “corruptos”. Porque la soberbia, indignidad, inmoralidad y autoritarismo que los políticos y funcionarios llevan encima no les permite ni siquiera disimular ni ocultar nada. Se sienten y actúan como si estuvieran más allá del bien y del mal.

Será entonces posible desestimar la frase: “Los habitantes de la República Argentina somos todos corruptos” cuando las investigaciones y sentencias judiciales determinen y demuestren quienes son los “corruptos”. Salvo, claro está, que sean los propios fiscales y jueces los que permitan con su ineficacia, inactividad y complacencia que lo sigamos pensando de todos y aún de ellos mismos.

6 de julio del 2007

El futuro será más de lo mismo

por Hugo Alberto de Pedro

Los argentinos seguimos estando bendecidos por las decisiones inconsultas de quienes dirigen los fragmentos, por cierto descuartizados, de los partidos políticos. Unos pocos personeros y vividores de la política indican quienes deben ser los candidatos, a cualquier cargo electivo, para lo cual disponen de millonarios montos “públicos” para imponer a sus continuadores. Como si ellas o de ellos se trataran de los salvadores de nuestro futuro y no de los hacedores del actual estado de situación.

Han sido -cada vez lo son más- tan miserables, egocéntricos y autoritarios que ya ni les queda el pudor de intentar abrir el diálogo dentro de sus propias facciones para permitir que sean sus adherentes o afiliados quienes puedan opinar y decidir sobre las ofertas electorales.

En momentos donde las corruptelas, encubrimientos y mentiras políticas ya no pueden ser escondidas más, ni aún detrás de los embusteros índices y resultados de una gestión gubernamental como tampoco de la parafernalia dispuesta para demostrar éxitos incomprobables, para ellos la fiesta de “su politiquería” parece incólume para seguir perpetrándose en las turbias y malolientes aguas del poder que les permitimos conseguir.

El método perverso de ir cooptando a diferentes sectores del quehacer nacional (sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de Derechos Humanos, empresariado, personajes de la cultura, periodismo y medios de comunicación rastreros, etc.) le ha permitido al gobierno de Kirchner tener una hegemonía pocas veces comprobable en nuestra historia. En virtud de la cual cada sector saca la tajada que le corresponde sin miramiento alguno sobre la totalidad de los interesados y beneficiarios de las bondades de la administración y cosa pública. Sin miramientos y sin objeciones, porque disentir es sencillamente sacar los pies de las dádivas y prebendas que consiguen y que son dispuestas y ofrecidas en cada uno de los escalones del poder.

Los criterios e ideales políticos que se están barajando desde los partidos y facciones políticas, a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, están dotados de un vacío tan impresionante, como inmensamente mendaz son los mensajes que a diario se emiten desde la izquierda -complaciente, usufructuaria y enfermiza- hasta la derecha -arrogante, favorecida y cómplice-. Todos, los unos y los otros, conforman una caterva de advenedizos que únicamente pueden intentar reproducir un mensaje oficialista plagado de autoritarismo, más allá que intente presentarse como transformadora, transversal o con una identidad de concertación plural. Pacaterías sin más.

Ya conocemos de sus mentiras, tanto como de la forma en que se van enriqueciendo a medida que más espacios de poder van ocupando. Todos han perdido la vergüenza y la moralidad que les exige los sitiales que hoy gozan; y que han “ganado” en nombre de la supuesta representación que de nosotros ejercen.

El futuro será más de lo mismo, inexorablemente.

3 de julio del 2007